Ni 63 ni 77, fue un total de 52 municipios donde el Pleno del IFT dio su aval para que Telmex determine libremente las tarifas del servicio de acceso indirecto al bucle local que se utiliza en la provisión de internet y telefonía fija.
De acuerdo con fuentes consultadas por ConsumoTIC, en la sesión ordinaria del miércoles 4 de agosto el Pleno del órgano regulador resolvió sobre los criterios y umbrales para permitir la libertad tarifaria a la empresa que pertenece al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT).
Esta determinación, que se desprende de las modificaciones realizadas en la Segunda Resolución Bienal en materia de preponderancia, involucró un proceso de consulta pública en el cual participaron organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y el IDET, así como especialistas y empresas entre las que se encuentran AT&T, Axtel y Megacable.
En dicho ejercicio, los participantes consideraron que la flexibilidad regulatoria en materia de bucle local es una decisión que viola la Constitución y el T-MEC, además de representar potenciales efectos negativos en las condiciones competitivas del mercado, y por consecuencia, en la conectividad y en la reducción de la brecha digital.
En opinión de especialistas como Elena Estavillo, quien fue comisionada del IFT y en la actualidad dirige Centro-i, la modificación, adecuación o eliminación de obligaciones asimétricas requiere un análisis de competencia.
Sin embargo, ni en la segunda resolución bienal ni en el documento de criterios y umbrales para determinar la libertad tarifaria del AEPT, se realizó este ejercicio integral de las condiciones que prevalecen en el mercado.
“El análisis de competencia no puede limitarse a la definición de umbrales. No existe un nivel de participación o concentración de mercado a partir del cual se pueda concluir automáticamente que exista competencia”.
Para Alexander Elbittar, director del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica (PIRCE) del CIDE, la competencia en los mercados donde se pretende flexibilizar la regulación de tarifas del servicio de acceso indirecto al bucle local, tiene que verse reflejada y medirse con base en el número de ofertas que reciben los hogares, la calidad de éstas y cuántos operadores están utilizando de manera efectiva la infraestructura de “última milla”.
Desde la perspectiva de Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Telecomunicaciones de la Canieti, el sector telecomunicaciones en México no tiene un nivel de madurez ni de competencia que permita apostar por cualquier esquema de desregulación; por el contrario, es fundamental verificar el cumplimiento de las medidas asimétricas impuestas al agente preponderante.
C$T-GM