El nuevo marco institucional en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión no unifica funciones, sino que las pulveriza al dividir atribuciones entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo cual lejos de simplificar trámites, crea una triple ventanilla y triplica costos administrativos para empresas y preponderantes.
Así lo señaló el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, al participar en el primer Foro Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y oportunidades, organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la cámara baja.
Desde la perspectiva del integrante de la bancada del PAN, extinguir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar paso a la ATDT, no es una mera reestructura administrativa, sino una regresión institucional que amenaza el principio de autonomía regulatoria que tanto costó construir en los últimos años.
“Obviamente nos quieren vender esta transición como modernización cuando en realidad pudiera tratarse de una concentración de poder en el Ejecutivo Federal, disfrazada de transformación digital”.
Aseguró que con la extinción del IFT se termina con un órgano técnico autónomo que generó certeza jurídica al mercado y garantizó condiciones de competencia económica, para dar paso a una estructura difusa y dependiente. “Así, con una firma se puede poner en riesgo la neutralidad, la equidad y la viabilidad del sector. La decisión es aún más alarmante cuando revisamos algunos números”.
Y es que, dijo, el presupuesto que tendrá este año la ATDT, es 56 por ciento mayor que lo solicitado por el IFT, lo que significa que no solo desaparece un órgano que generó resultados y mostró probada capacidad técnica, sino que también se crea una entidad más costosa, burocrática y posiblemente, menos eficiente.
Mientras tanto, la SICT también recibe un aumento presupuestal del 4.8 por ciento, sin que quede claro cómo se enfrentará esta nueva carga regulatoria.
“Estamos a punto de incumplir compromisos adquiridos en tratados internacionales como el T-MEC, y peor aún, estamos minando las bases de un sector estratégico para el desarrollo, la economía digital y la competitividad nacional. Lo que se está haciendo no es una actualización institucional, es una renuncia a la rectoría técnica y profesional del Estado en un sector que para el país es clave”.
Expuso que si el Plan Nacional de Desarrollo plantea cerrar la brecha digital, democratizar el acceso e impulsar la conectividad, no se explica cómo es que en la práctica se esté desmantelando el único órgano que ha demostrado resultados reales en ese camino.
“Creemos que esa es la incongruencia central, porque nos preguntamos, ¿dónde queda la planeación? ¿Dónde el diagnóstico? ¿Dónde la coherencia? ¿Dónde están las razones de política pública en esta reforma? La autonomía no es un lujo, es una garantía frente al uso público de la regulación”.
El legislador advirtió del riesgo de que los procedimientos técnicos, investigaciones y juicios en curso pierdan continuidad, por causa de haber removido al personal especializado del IFT, -como ya se teme-, lo cual también será un indicador de cómo se estarían debilitando los derechos adquiridos por usuarios, empresas e inversiones.
“Y que no se nos olvide lo que ya estamos viendo en el mercado, la simetría está rota. Hay operadores preponderantes que han convertido el sector en un campo minado para nuevos jugadores. ¿Quién va a garantizar condiciones de competencia si el árbitro ya no es independiente? Además, seguimos cargando con un espectro carísimo y el acceso a servicios sigue siendo desigual, con tarifas altas para las familias de menores ingresos”.
Para el diputado, la pregunta es obligada: ¿quién va a vigilar eso ahora? ¿Una agencia subordinada? ¿Un gobierno que ve a las telecomunicaciones no como un derecho, sino como un botón?
Refirió que pese a que 78 por ciento de la población mexicana ya usa internet y 68 por ciento de los hogares cuenta con conexión, la desigualdad en el acceso sigue siendo grandísima.
En México, 97 por ciento de las personas se conecta por medio de un teléfono inteligente, lo que refleja una dependencia tecnológica sin suficiente infraestructura física ni acceso universal a herramientas más robustas, y aunque la brecha entre zonas urbanas y rurales ha disminuido, sigue siendo de más de 21 puntos porcentuales.
“Eso no creo que sea transformación digital, es un abandono digital que ya se está normalizando. Otros países como Chile han logrado avances significativos en materia digital con menos recursos, pero con más institucionalidad. ¿Por qué? Porque entendieron que las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben estar al servicio de la sociedad, no al poder político en turno”.
Enfatizó que no se trata de cancelar todo, sino de hacerlo bien, de cuidar lo que sí se logró, de fortalecer lo que ya se tenía y de no dinamitar el puente por el que México había estado avanzando.
Expuso que si la ATDT “va en serio”, entonces tendrá que demostrarlo garantizando autonomía, que construirá una agenda pública real, que dialogará con el sector y generará confianza en los inversionistas, porque de lo contrario, se estará reemplazando certeza por incertidumbre, competencia por discrecionalidad y progreso por simulación.
El legislador dijo que no se trata sólo del mercado, pues la ciudadanía es una pieza que debe ser la prioridad, porque sin conectividad no avanza la educación y la salud, no hay participación democrática y tampoco existe igualdad de oportunidades reales.
“Si este nuevo modelo falla, como muchos ya lo anticipan, quienes van a cargar con las consecuencias no van a ser los funcionarios, ni las grandes empresas, sino la gente, como siempre, la gente, el usuario común, el estudiante que no puede conectarse, la madre que no accede a servicios de salud digital. Estamos frente a una oportunidad, sí, pero también ante una amenaza real de retroceso”.
Insistió que no se trata de resistirse al cambio, sino de no aceptar un cambio mal diseñado, sin un rumbo claro y sin una visión de Estado, porque lo que está en juego no es sólo una institución, es la posibilidad de cerrar la brecha digital de una vez por todas, o condenar a millones a seguir al margen del desarrollo tecnológico.
“Queremos confiar, queremos creer que esta transformación puede ser corregida, que aún hay espacio para el diálogo, para la responsabilidad, para una ruta que priorice el acceso y que también priorice la equidad. Y por eso damos el beneficio a la duda, pero no lo vamos a dar en blanco, lo damos con exigencia, con vigilancia”.
Desde la bancada del PAN, dijo, existe la convicción de que el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no puede estar sujeto al capricho político ni a una estructura improvisada, porque el desarrollo no se impone, se construye con inteligencia y con visión, con respecto a las instituciones y sobre todo con un compromiso real con quienes están fuera del mapa digital, con quienes necesitan conectividad, no como un lujo, sino como una herramienta para vivir más.
C$T-GM
