Órgano regulador enfrentará reducción adicional de presupuesto.
Superar el desafío que tiene el país en materia de cobertura, así como instrumentar un eficiente programa de bandas de frecuencia, es decir, asignar más espectro radioeléctrico al mercado, son algunas de las prioridades que tendrá el IFT en 2019; sin embargo, su programa anual de trabajo podría requerir una revisión una vez que el Poder Legislativo decidió ejercer un recorte adicional a su presupuesto por 280 millones de pesos.
Originalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto «mínimo indispensable» de mil 780 millones de pesos, y el Presidente Comisionado del órgano regulador, Gabriel Contreras Saldívar, anticipó que un ajuste a la baja de esa cantidad, pondría en riesgo el cumplimiento el mandato constitucional del órgano regulador.
“Hemos presentado a la Comisión de Radio y Televisión toda la información sobre en qué se va a gastar cada peso. De la revisión de ese anteproyecto es de donde se desprenden los proyectos estratégicos, y no sólo eso, el desarrollo mismo de la función y operación diaria del instituto. El presupuesto planteado es el mínimo indispensable para poder cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y legales”, aseguró el funcionario el pasado 17 de diciembre.
El titular del IFT detalló que en 2019, superar los rezagos que presenta el país en materia de cobertura, así como satisfacer las necesidades de espectro radioeléctrico que exigen actividades sociales, comunitarias, indígenas y de uso público tanto en materia de radiodifusión como en telecomunicaciones, serán algunos de los principales retos que el IFT tendrá el próximo año.
«Está prevista la realización de una Consulta Pública y su posterior proceso de licitación de nuevas estaciones de radio que está demandando el mercado y que fueron incorporadas al Programa Anual de Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico 2019», precisó el titular del órgano regulador.
De igual forma, el organismo regulador tiene previsto realizar una Consulta Pública sobre los protocolos de gestión de controles de tráfico y de lo que se ha denominado Neutralidad de la Red, que aunque es una política ya prevista en ley, es necesario emitir los lineamientos correspondientes.
Para el funcionario, elevar la cobertura de servicios de telecomunicaciones será uno de los principales desafíos que deberán superarse en 2019, pues en la actualidad se ha logrado elevar la cobertura en servicios móviles pero no los fijos, lo que es un reto y un desafío que se tiene como país.
Se trata de un reto que se comparte con el nuevo gobierno; y desde las funciones regulatorias que son competencia del IFT, está reducir las barreras que generen obstáculos a la inversión y generar las condiciones de certidumbre que motive el despliegue de infraestructura en donde hasta ahora ninguna operadora lo ha hecho.
En Europa y América Latina se han desarrollado diferentes programas para incrementar la cobertura de servicios de telecomunicaciones y que parten del ejercicio de recursos públicos, partiendo de la realidad que en el mercado hay un momento en el cual ya no es rentable para las empresas llegar a ciertas comunidades, por lo cual se recurre a fondos públicos u otro tipo de herramientas que vale la pena explorar en México.
Elevar la cobertura en México es un objetivo que comparte el IFT, y desde el punto de vista regulatorio se hace lo necesario, como la reciente Licitación IFT-7 de la banda 2.5GHz, a través de la cual se impusieron obligaciones de incremento de cobertura para los operadores ganadores.
En la madrugada del 24 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el cual se considera un recorte adicional de 280 millones de pesos al presupuesto anual del IFT, lo que implica que este órgano autónomo sólo contará con mil 500 millones de pesos; decisión que pone en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019.
“La disminución aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública representa un presupuesto 25 por ciento menor en términos nominales y 37.5 por ciento en términos reales respecto al presupuesto autorizado para 2018”, precisó el instituto a través de un comunicado emitido el pasado 23 de diciembre.
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