Imponer obligaciones para soterrar las redes públicas de telecomunicaciones en la Ciudad de México (CDMX), además de tener un “claro interés recaudatorio, violaría las facultades del Congreso de la Unión y de regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
“Si bien las autoridades locales y las entidades federativas tienen competencia para establecer normas sobre desarrollo urbano de aplicación exclusiva dentro de su propia demarcación territorial, no pueden dejar de lado o pasar por encima del andamiaje constitucional y legal que establece que lo relacionado con las vías generales de comunicación, lo que entre otras cuestiones incluye los derechos de vías sobre los que está instalada infraestructura de telecomunicaciones, es de jurisdicción federal”, precisa el IDET.
El Instituto precisa que en el Apartado B, numeral II del artículo 6° constitucional quedó establecido que: “Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.
Por ello el IDET expresó su profunda preocupación por la intención del gobierno de la Ciudad de México de impulsar en el Congreso local, la aprobación de un marco legal que establezca obligaciones para que los concesionarios de telecomunicaciones en el despliegue de sus redes, en el caso de las nuevas lo hagan en forma subterránea y enterrar la infraestructura ya existente, es decir, realizar el soterramiento de las redes públicas.
“La preocupación está relacionada tanto con aspectos legales como económicos de una política en materia de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que imponga obligaciones arbitrarias a los concesionarios”, explica en su comunicado.
Legislar en materia de vías generales de comunicaciones, del espacio aéreo y el subsuelo, es facultad exclusiva del Congreso Federal, “cualquier ley estatal que busque establecer obligaciones para desplegar infraestructura de manera subterránea, al igual que cobros o contribuciones periódicas por el uso del subsuelo, tendría claros vicios de inconstitucionalidad”.
En opinión del IDET, la iniciativa de establecer el soterramiento de las redes telecom en la CDMX tiene un claro interés recaudatorio. “Así lo reflejan declaraciones a los medios hechas por la Jefa de Gobierno la semana pasada, en las que destacó de manera central que la Ciudad de México buscará fortalecer la recaudación por medio del soterramiento de los cables (Telecom)”.
Por otra parte el IDET exhortó a legisladores y autoridades sectoriales que establecer como obligación el soterramiento del cableado que utilizan los operadores telecom para ofertar servicios de conectividad, “puede llegar a multiplicar los costos de los operadores por un factor de 10”.
Un eventual soterramiento representaría un costo para todos los operadores, lo que implicaría que los servicios telecomunicaciones se incrementarían, lo que obligaría a los oferentes incrementar las tarifas al consumidor final, a un nivel tal que permitan cubrir en el largo plazo los nuevos costos de las redes.
El incremento en los precios de los servicios de telecomunicaciones afectaría negativamente el bienestar de la población, pues además que podría frenar el incremento en la conectividad de los hogares y pequeños negocios, podría provocar la desconexión de usuarios, que en la CDMX podría afectar a un número indeterminado de los 7.1 millones de usuarios de internet, 6.5 millones de telefonía fija,y de los 4.3 millones clientes de televisión de paga.
“La infraestructura de postes y cableado en la CDMX, sobre la que descansa la infraestructura aérea que permite el fluido eléctrico y de telecomunicaciones, que habilita que 7 de cada 10 viviendas dispongan de telefonía fija; 8 de cada 10 (75.7 por ciento) cuente con acceso a internet, aproximadamente 5 de cada 10 (46.9 por ciento) tengan servicios de televisión restringida y poco más de una tercera parte (34.8 por ciento) algún servicio de streaming”, señala el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
El IDET exhortó al gobierno de la CDMX a realizar un adecuado análisis de las repercusiones que implicaría soterrar las redes telecom que también podría afectar el despliegue y desarrollo de las tecnologías 5G que tendrá una creciente demanda entre personas, negocios y empresas.
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