Aunque la reducción de la brecha digital es una frase que está cada vez más presente en el discurso de funcionarios y políticos, su materialización puede diluirse con propuestas como la de soterrar el cableado de telecomunicaciones, acción que sólo en la Ciudad de México tendría un costo de 46 mil millones de pesos y generaría eventuales afectaciones a los usuarios por cortes parciales de los servicios.
“Sí hay esa intención de detonar la conectividad… pero no sirve de nada decir somos la ciudad más conectada, con mayores puntos de acceso Wi-Fi, si por otro lado le están cerrando la llave a las empresas que están haciendo estos despliegues, porque al final del día el gobierno no es proveedor de estas capacidades, son los operadores”, advirtió Radamés Camargo, Gerente de Análisis de la consultora The CIU.
De hecho, explicó el especialista, la experiencia internacional muestra que el costo de poner bajo tierra las redes de telecomunicaciones puede superar los 165 mil dólares por kilómetro, es decir, alrededor de 3.3 millones de pesos por kilómetro.
Si se consideran aproximadamente 14 mil kilómetros de redes desplegadas en vías primarias, secundarias y caminos restringidos, el costo total de soterramiento ascendería a 46 mil millones de pesos, lo que sería el equivalente al 59 por ciento de las inversiones realizadas en infraestructura telecom concretadas en 2021.
En la Ciudad de México, donde existen 7.1 millones de habitantes con internet, se han presentado diferentes iniciativas de soterramiento, pero hay una que causa especial interés en el Congreso capitalino, pues se trata de una propuesta presentada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
El proyecto legislativo, presentado desde el 20 de noviembre del 2020, busca expedir la Ley para el retiro de la infraestructura aérea, así como por uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad de México (CDMX).
Para el analista de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), este tipo de iniciativas, que tienen una motivación recaudatoria, pueden representar diversas barreras, pues de entrada su aplicación encarecería los servicios de telecomunicaciones, lo cual sin duda iría en contra de la Constitución, que reconoce el acceso a internet como un derecho.
“En principio, se consideraría como inconstitucional, porque está buscando encarecer servicios que, por un lado, está en la Constitución que su acceso es un derecho, y por otro lado no tienen la facultad para regular las vías generales de comunicación, como es el despliegue de fibra óptica, porque eso le corresponde a la Federación”.
En entrevista para ConsumoTIC, el especialista explicó que si se quiere otorgar una facultad así, para “bajar la infraestructura”, se tendría que reformar, no sólo la Ley Federal de Telecomunicaciones, sino también la Constitución, porque se excederían las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Va a tener muchas barreras en el camino, no sé hasta qué punto pueda llegar a aprobarse… Se va a terminar cayendo en el camino. Si se logra aprobar, espero que sea con un acuerdo entre industria, gobierno y con algún tipo de beneficio o subsidio para que se pueda hacer este soterramiento y no se haga de una manera decimonónica… Lo único que se va a lograr es un distanciamiento aún mayor entre los agentes de la industria y el gobierno”.
Por ello, se tendrían que evitar las contradicciones entre las intenciones y lo que efectivamente el gobierno está proponiendo como iniciativas o propuestas para el sector, cuano lo que se necesita es trabajar de manera conjunta con los operadores, porque al final de cuentas el beneficiario de esa colaboración serán los usuarios.
Diálogo y colaboración, el camino que pide la industria.
Para Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos y Mayorista de Telefónica Movistar México, la mejora de la imagen urbana y la seguridad no es un tema a discusión, pues la industria permanentemente ha manifestado su disposición al diálogo y la cooperación a través de organismos comos la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).
“Estamos de acuerdo con el tema de la contaminación visual y con los riesgos de protección que pueda haber y estamos dispuestos a trabajar en estos reordenamientos, pero a partir de la colaboración”, como se ha hecho con las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán, detalló en entrevista para ConsumoTIC.
Con ambas alcaldías, refirió, se han dado pasos importantes a través de acuerdos firmados para realizar trabajos de reordenamiento del cableado aéreo; no obstante, se requeriría una mayor coordinación con otras autoridades, si la intención es obligar al soterramiento del cableado de telecomunicaciones.
En las propuestas legislativas “no se está viendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en estos proyectos; al final la mayor cantidad de la postería que existe es de esta entidad responsable de la distribución de energía eléctrica en el país”, precisó la directiva.
En ese sentido, si la idea es plantear legislaciones, reglamentos o bandos que obliguen a las empresas a soterrar “se requiere mucho más que una legislación”, pues también hay competencias del IFT, costos que no están siendo efectivamente calculados respecto de lo que implicaría para los operadores y cómo esto impactaría en los usuarios.
Para la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (CANIETI), la colaboración con algunas alcaldías en el ordenamiento del sistema de cableado estructurado es una buena práctica que debe ser replicada, con la cual aprovecharía ampliar oportunidades de inversión para integrar nuevas tecnologías, como el despliegue de redes 5G.
En octubre pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, volvió a abordar públicamente su iniciativa para reordenar el cableado de redes de telecomunicaciones, especialmente de fibra óptica, e incluso reconoció el interés en fortalecer la recaudación local, al requerir un pago de derechos para su instalación.
Al respecto, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) subrayó que un eventual soterramiento no sólo representaría un costo para todos los operadores, sino que además podría generar un incremento en los precios de los servicios de telecomunicaciones que afectaría negativamente el bienestar de la población.
Y es que la infraestructura de postes y cableado en la CDMX, sobre la que descansa la infraestructura aérea que permite el fluido eléctrico y de telecomunicaciones, habilita que 7 de cada 10 viviendas dispongan de telefonía fija; 8 de cada 10 (75.7 por ciento) cuente con acceso a internet, aproximadamente 5 de cada 10 (46.9 por ciento) tengan servicios de televisión restringida y poco más de una tercera parte (34.8 por ciento) algún servicio de streaming.
C$T-GM
