Aun cuando ha quedado clara la importancia económica y social de contar con redes de telecomunicaciones de alta capacidad, disponibles y eficientes, en la Ciudad de México existen al menos cinco iniciativas de ley que pretenden obligar a los operadores a soterrar toda la infraestructura aérea que hoy existe, lo que resulta incomprensible si se consideran los impactos negativos en términos de inversión y bienestar de los propios usuarios.
“En un escenario amable, cuesta 10 veces más un kilómetro de fibra enterrada que un kilómetro de fibra aérea, y no estamos hablando de fibra que está en una bodega y la vamos a instalar, sino de miles de kilómetros de fibra que está funcionando y que es con la que nos conectamos, es un buen momento para reflexionar sobre esto”, dijo Eduardo Ruiz Vega, consejero general de Totalplay.
Ante los industriales de la Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el ejecutivo habló de la preocupación que generan las propuestas que se plantean desde el Legislativo capitalino, que incluso podrían estarse replicando en el Congreso federal con iniciativas que involucran ya a entidades como Jalisco.
“Pretenden fundar esto en temas de seguridad, yo nunca he visto que un cable de fibra óptica atente contra la seguridad de nadie y luego dicen que hay un daño emocional a los ciudadanos por la contaminación visual. Eso está en los proyectos de iniciativa y en los dictámenes de este tipo de iniciativas”.
En marzo de 2021, durante el Parlamento Abierto rumbo a la dictaminación de iniciativas de ley en materia de cableado y uso del subsuelo en la Ciudad de México, se aportaron datos reveladores:
El soterramiento de las redes de telecomunicaciones en esta entidad tendría un costo de 44 mil 550 millones de pesos, con el consecuente impacto en los planes de inversión de los operadores en redes de última generación y afectaciones a los consumidores por la vía de incrementos en los precios de los servicios.
Y es que al considerar los 13 mil 389 kilómetros de extensión de las vías primarias, secundarias y caminos restringidos, se calculaba en ese momento que el costo total de soterramiento equivaldría a 22 veces el PIB del sector telecomunicaciones del año 2019, y casi 30 veces el PIB de los primeros tres trimestres del 2020.
Para Ruiz Vega, el diálogo sobre eventuales políticas de soterramiento debiera considerar el desarrollo de 5G como un elemento habilitador de bienestar social y parte de la necesaria transformación digital en el país.
“Yo creo, y es una opinión a título personal, que lo que sucede a nivel municipal es un apetito muy grande por cobrarle a una industria que está creciendo a doble dígito… cobrar derechos no sé de qué porque no utilizamos sus banquetas, vamos en un derecho de vía federal, y si no es así, contamos con socios estratégicos como American Tower”.
El ejecutivo subrayó que la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones es tal que es posible asegurar que “sin fibra óptica no hay paraíso”, sobre todo ante el desafío y las oportunidades que trae consigo el desarrollo de 5G.
“Cuando en la reforma eléctrica del presidente Peña, le dieron a un órgano regulador que no nos regula a nosotros la facultad de normar el uso de los postes de la CFE, que es un activo fundamental para esta industria de servicios fijos, la CRE empezó a querer regular con unos criterios que no sé si a la industria eléctrica le hubieran beneficiado, pero a nosotros realmente nos iban a perjudicar”.
La crisis generada por la pandemia, subrayó, permitió observar en su justa dimensión cómo es que los servicios de telecomunicaciones, desde los fijos, móviles, terrestres o satelitales, son tan vitales como el agua y la luz.
Ruiz Vega refirió que el segmento de la industria a la que pertenecen firmas como Totalplay, Megacable e Izzi es intensivo en inversión, no utiliza ningún bien del dominio público, pues no utiliza espectro radioeléctrico ya que opera con los activos que compran los dueños de las empresas.
“Es imperativo que el Congreso de la Unión…delimite lo que quiere decir desarrollo urbano porque esa es la puerta por la que las autoridades locales se meten al ámbito federal, que es el ámbito de nuestra industria, y estamos yendo hacia atrás, total y absolutamente en contra de las recomendaciones de la OCDE y de la Unión Europea para el despliegue de infraestructura de redes de alta capacidad”.
En abril de 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) envió una opinión institucional a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, en la que señaló la necesidad de que exista claridad y certidumbre jurídica respecto a las disposiciones que se pretendían establecer en la Ley para el Retiro de Infraestructura.
Aunque en ese momento el órgano regulador reconoció la finalidad de la iniciativa de esa ley para el retiro de la infraestructura aérea, uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad de México, consideró importante evitar una duplicidad en la carga regulatoria para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
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