Una eventual desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no sólo significaría una grave afectación para los sectores que esta entidad regula, sino colocaría a México a «estar en ceros» en materia de capital humano especializado, corpus institucional y presupuesto, anticipó Ernesto Piedras, director General de la consultora The Competitive Intelligencia Unit (CIU).
En entrevista con ConsumoTIC, el especialista aseguró que dar luz verde a la iniciativa presidencial que plantea la extinción del órgano regulador creado en 2013, estaría regresando a un escenario similar al ocurrido en 1994 cuando se estaba en cero y se tuvo la necesidad de crear «de un plumazo» lo que fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Y es que, en próximas semanas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados someterá a discusión el dictamen de la iniciativa que propone extinguir al IFT, y en su lugar, colocar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Uno de los puntos que juegan en contra de una decisión de este tipo es que esa dependencia carece de la estructura suficiente para dar salida a las múltiples tareas y funciones que realiza el órgano regulador, pues hay que recordar que fue en este sexenio cuando se decidió desaparecer la Subsecretaría de Comunicaciones, lo que implica que los asuntos sectoriales son llevados por la Subsecretaría de Transportes.
Si bien se podría crear cierta autonomía para la regulación de las telecomunicaciones, aun dentro de la SICT, “¿dónde está el capital humano y de dónde va a salir el presupuesto?” Ahora, dijo, esto se reducirá más desde un órgano regulador que se había venido mutilando y se llegará a estar en ceros prácticamente.
En opinión de Ernesto Piedras, si bien es posible señalar diversos temas que el IFT no ha dado resultados de fondo como la competencia económica en el sector móvil, «no creo que exista nadie en el sector de telecomunicaciones que esté de acuerdo», con una posible extinción de este órgano regulador.
En materia de competencia el IFT, “ha sido más bien incompetente y no por eso habría que desarticularlo o desaparecerlo; más bien tocaba su fortalecimiento, pero ahí está la decisión política, no sectorial, que va a tener consecuencias”.
En este contexto, el titular de The CIU advirtió que algunas voces ya han dicho que no se puede desaparecer al Instituto sin tener consecuencias para el país; “no sin costos para el acuerdo comercial en el que estamos y vamos hacia allá”, señaló.
No obstante, reconoció que el marco legal del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es un cuerpo imperfecto en el sentido de que no contempla sanciones si se elimina al órgano regulador autónomo del sector telecomunicaciones, lo cual no significa que el país no vaya a enfrentar consecuencias .
“Ahí está la falta de autonomía, que es uno de los puntos que debe tener; entonces perdemos. Si cuestionábamos la eficacia y la eficiencia del órgano regulador autónomo, con insuficiente fortaleza y ya carecía de suficientes comisionados”, ahora se perderá esa autonomía.
Cuestionado sobre qué puede hacer el sector de las telecomunicaciones ante una situación como la que se avecina, el especialista dijo que éste se encuentra muy fragmentado, empezando por los organismos de representación empresarial.
“No veo un sector cohesionado, no veo a una Cámara articulada, (la Canieti); no veo a un sector con sus asociaciones fuertes y actuando en conjunto. Hoy no veo a la Canieti, la AMITI y la Asociación de Internet MX “dando ese concierto de tres. Como sector los veo muy separados y a la academia la veo también separada”.
En ese sentido, al margen de la eventual desaparición del IFT que, insistió, es una decisión de carácter político, éste “no está siendo el mejor momento del sector” y consideró que la cohesión que se requiere para tener un peso en el debate, debería venir de la Cámara que rige al sector, es decir, la Canieti, si bien “esta institución trae una agenda muy mínima, particular, que casi parecería al de una empresa”.
En todo caso, este proceso debió haber sido más debatido a la luz de qué le conviene más al país; “no creo que (la reforma constitucional en sus términos) sea lo mejor para el país.
En todo caso, debió haberse enarbolado “qué sí íbamos a tener, antes que deshacer lo que teníamos” que si bien podría haber sido señalado por algunas deficiencias u omisiones, era mejor fortalecerlo para subsanarlas.
También señaló que algunos actores como la Profeco, podrían tener una voz más importante; “desde el ITAM no estamos exentos de críticas” y en la consultoría “si bien tratamos de hacer lo nuestro, nos veo muy fragmentados”, reconoció.
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