En materia institucional, los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión se encuentran ante la tendencia a la centralización, el control y la estatización, en un entorno de retos marcados por nuevas figuras y jugadores que exigen no sólo una regulación adaptativa y flexible, sino también claridad sobre los objetivos que se buscan alcanzar.
“Estamos frente a la figura o la tendencia de centralización, de control y de estatización. No hay ninguna duda. La pregunta es, ¿quiere el gobierno competencia o no? probablemente no. Probablemente lo que quiere es la estatización de la red. Quizás, por lo que estamos viendo, lo que busca es quedarse con un apoyo de una empresa o dos privados que hagan mancuerna con el órgano estatal”, sostuvo Irene Levy, especialista en telecomunicaciones.
Si bien se trata de preguntas a las que por el momento no se tiene respuesta, sí es posible hacer un análisis con base en las acciones que se han realizado desde el actual gobierno: la desaparición de los organismos constitucionales autónomos y la creación de una agencia omnicomprensiva en materia de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión.
“En materia institucional yo veo centralización, estatización, control, desaparición de contrapesos internos… Los límites y las fronteras de los contrapesos internacionales están también difusos, porque cómo decir que se está violando el T-MEC si el primer actor que viola el T-MEC es el presidente de los Estados Unidos”.
Al participar en el foro “Regulación de Mercados Digitales, Telecom y Radiodifusión”, explicó que en el contexto de la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hay más preguntas que respuestas sobre qué se quiere hacer y dónde se busca llegar.
“Cuando hablamos de competencia y decimos, bueno, el IFT sí fue o no fue suficiente en materia regulatoria para mejorar la competencia o para mejorar la conectividad, pues creo que nos surgen nuevas preguntas. Cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas”.
En la confección de las nuevas leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, así como de competencia económica, es bueno saber que habrá un regulador concentrado con facultades centralizadas.
“Ojalá haya un entendimiento por lo menos con que la relación del regulador con los regulados no sea discrecional, que se mantenga la transparencia de sus actos, que tenga cuadros técnicos en su personal, en sus funcionarios, que se permita la participación de los regulados en la confección de regulación secundaria”.
Un punto fundamental, subrayó, es que la legislación secundaria que se diseñe, se apruebe y se aplique, respete el andamiaje jurisdiccional que tanto trabajo costó crear, y que no se regrese a incluir figuras ya declaradas inconstitucionales como el registro de telefonía móvil o eliminar la neutralidad de la red.
De no contar con estas condiciones, dijo la especialista, se corre el riesgo de abrir la puerta al autoritarismo que, no está tan divorciado del control y la estatización, y entonces es importante luchar por mantener cierta prolijidad y asepsia en la relación del regulador con los regulados.
Y es que, dijo, la línea de tiempo de las modificaciones legales “empezó rara” porque se inició reformando la ley orgánica, luego se pasó a la Constitución y después se publicó el reglamento interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
“No tenemos todavía ley de telecomunicaciones ni ley de competencia, pero ya hay un reglamento interior de la agencia. La agencia todavía no opera en algunas materias como telecom y radiodifusión porque existe todavía el IFT, que hace poco la Corte lo estaba medio declarando muerto antes de tiempo, pero el director de la agencia, José Merino, le dio vida otra vez y dijo no, el IFT sigue viviendo hasta en tanto no tengamos ley de telecomunicaciones”.
C$T-GM
