El reconocimiento del poder transformador del sector telecomunicaciones debe traducirse en una simplificación fiscal que diluya la visión recaudatoria que ha marcado el desarrollo socioeconómico en países como México donde desde hace más de una década prevalece un impuesto de lujo a servicios como la telefonía fija, móvil y la televisión de paga.
En opinión de Maryleana Méndez, secretaria Ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), si bien es cierto que en América Latina la crisis generada por la pandemia dejó las arcas de los Estados bastante maltrechas, es necesario repensar la política tributaria con una perspectiva de desarrollo y generación de bienestar.
“La evidencia muestra que menores tributos en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no implica menor recaudación; por el contrario, niveles de tributación reducidos pueden generar mayores ingresos permanentes en el largo plazo”.
En la medida que la penetración y el uso de las TIC aumentan, dijo la especialista en entrevista con ConsumoTIC, la actividad económica se expande, se aumenta la base gravable y por tanto la recaudación, lo que se traduce en un efecto económico claramente positivo que ayuda a ampliar el catálogo de impuestos de manera general.
Aunque en América Latina los impuestos especiales a servicios de telecomunicaciones prevalecen en diversos países, hay naciones como Brasil y Ecuador que están haciendo esfuerzos importantes para lograr tener una política fiscal más balanceada relacionada con el sector telecomunicaciones.
“Sí, tenemos un problema fuerte en América Latina, y es muy fuerte en México, sobre todo por el pago de derechos de espectro y el IEPS. Vemos esfuerzos en la región para realmente traducir la importancia que demostraron tener las redes de telecomunicaciones en una simplificación tributaria y que se instalen los incentivos correctos para que haya mayor cobertura”.
Y es que desde 2010, los usuarios mexicanos de servicios de telecomunicaciones como la telefonía fija, móvil y la tv de paga, tienen que sumar a su factura 3.0 por ciento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), un gravamen que se aplica a artículos y servicios considerados no deseables para la población ya que causan un perjuicio a la salud como las bebidas alcohólicas, cigarros, confitería, refrescos, juegos con apuestas y sorteos.
“Hoy que sabemos la importancia de las telecomunicaciones y que tanto usuarios como empresas se benefician de la tecnología para hacer uso efectivo de sus derechos, realizar transacciones comerciales, manejar sus recursos financieros, queda claro que son herramientas de uso general y no deberían tener un costo especial que se reserva a otro tipo de servicios y artículos”.
La pandemia de COVID-19 evidenció el valor de las redes de telecomunicaciones y la tecnología para transitar los momentos más difíciles; ahora, en una fase de recuperación, es fundamental incentivar las inversiones realizadas por los operadores y enfocar esfuerzos en materia de políticas públicas para poner en manos de la industria un recurso esencial: el espectro radioeléctrico.
Sin embargo, México es un país que se caracteriza por tener los costos de derechos por el uso del espectro radioeléctrico más caros de América Latina; incluso, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han recomendado considerar un rediseño en la materia.
“La GSMA ha dicho que los derechos anuales explican casi el 80 por ciento del costo total anual del espectro en México; en términos reales la recaudación por derechos de espectro ha crecido 13 por ciento anual, muy por encima de la tasa de inflación que es de 4.8 por ciento y de los ingresos de los operadores, que más bien han retrocedido 3.0 por ciento”.
2022, hacia la recuperación basada en lo digital.
Tras la tragedia social que significó el inicio y desarrollo de la pandemia, los países latinoamericanos deben fijar la mirada en un 2022 de crecimiento basado en el diálogo permanente de cara a las múltiples licitaciones de espectro que se preparan, los desafíos que representa la nueva generación de redes móviles (5G) y los incentivos que requiere la industria.
“El 2022 será un año donde muchos de los operadores tendrán que seguir completando sus obligaciones de cobertura de las licitaciones de espectro anteriores, también veremos crecimiento en internet fijo”.
En este contexto, expuso Maryleana Méndez, la construcción de agendas digitales, el diseño de planes de recuperación económica, políticas fiscales enfocadas al impulso del entorno digital y el acceso oportuno a espectro radioeléctrico, son acciones que determinarán el camino de la región hacia un futuro más y mejor conectado.
C$T-GM