A la luz de un nuevo marco legal en el sector telecomunicaciones, flexibilizar o desaparecer la regulación asimétrica que se aplica a América Móvil, llevaría a México a una situación ominosa ante el mundo, pues es evidente que durante la última década, el agente preponderante se ha beneficiado de un exitoso “gatopardismo”.
Desde la perspectiva del especialista, Federico González Luna Bueno, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) no ha podido ser regulado, supervisado y, en su caso, sancionado conforme lo prevé la Constitución y la ley.
“Una y otra vez, año tras año el IFT se mantuvo cómodo y permitió que el preponderante, América Móvil, concentrara, irremediablemente, la mayor parte de los ingresos del sector”, sostuvo el experto durante la mesa “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”, durante los conversatorios sobre el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión convocados por el Senado de la República.
Fue, dijo, un “gatopardismo” exitoso para el regulador, para el preponderante, pero lamentable para los consumidores mexicanos, un costo ponderado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en billones de pesos para la sociedad mexicana. Pensar siquiera en aflojar o desaparecer la regulación asimétrica en México, es llevar al país a una situación ominosa ante el mundo”.
En su oportunidad, Ernesto Piedras, director general de la consultora The Intelligence Competitive Unit (CIU) subrayó que la regulación asimétrica en el sector telecomunicaciones no debe ser una medida que se aplique eternamente, pero si el propio preponderante no hubiera desatendido, cooptado y capturado regulatoriamente, hoy se tendría un ambiente de competencia efectiva, por lo cual llamó al diseño de un corpus regulatorio efectivo “para salir pronto de esa preponderancia”.
“No queremos vivir en regulación asimétrica ni en preponderancia permanentemente, pero mientras el mismo preponderante la siga desarticulando, seguiremos teniendo precios del gigabyte que va a los hogares de bajos, medios, y de altos ingresos, entre 20 por ciento más alto en el preponderante, hasta cinco veces más alto para fijo y para móvil, según las mismas páginas de esos operadores”.
El director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) señaló que a 10 años del establecimiento de la preponderancia y de cara a la discusión de la nueva ley, “viene muy bien hacer un corte de caja” y, de paso, repasar las definiciones, porque no es lo mismo el mercado de hoy que el de ese entonces.
Recordó que la definición de Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), se desarrolló con métricas como la cobertura, infraestructura y el número de líneas, pero no abarcó ganancias, ingresos y otras categorías que marcan la verdadera dimensión del preponderante.
Pese a que la reforma de hace 10 años llevó a un crecimiento de las inversiones, permitió la entrada de nuevos jugadores y la baja de los precios, “no estamos satisfechos”. “Tenemos un país de bolsillos cortos” y todavía, según la métrica que se tome, cinco de cada seis o seis de cada 10 mexicanos, “padece algún tipo de pobreza y no queremos agregar a ello la pobreza digital”.
Por eso, la regulación asimétrica tiene que estar en revisión permanente, insistió, sin pensar en que sea permanente, porque se supone que un plazo relativamente corto, debe de surtir el efecto de emparejar el mercado, bajar los precios para el consumidor y generar una auténtica competencia, como no se ha logrado en los últimos años.
Espectro caro e infraestructura, los eternos pendientes.
Al enumerar las fallas esenciales que registra el mercado de las telecomunicaciones, Federico González Luna Bueno, dijo que si bien se habla mucho de que México tiene el espectro radioeléctrico más caro del mundo, se debe tener la claridad de que sin precios de mercado y una deficiente y diversificada asignación de este recurso es absurdo pensar en competencia real y en que los consumidores tengan servicios a buenos precios y de calidad.
“El espectro caro mata al mercado. Nuevamente, el pleno del IFT hizo oídos sordos a señales tan graves y apremiantes, como el hecho de que los dos principales competidores del preponderante devolvieran espectro porque su precio lo hacía impagable. Nada pasó, el espectro siguió caro, los competidores no compitieron y los consumidores mexicanos volvieron a sufrir el precio y calidad de servicio”.
Como tercer punto, el especialista identificó la “voracidad” de algunas autoridades locales y las “galimatías” regulatorias que han hecho caro, lento y engorroso el despliegue de infraestructura cableada y de fibra óptica en cientos de municipios en el país, pues se carece de una política pública o de ciertos criterios en la materia.
“El resultado es que hoy tenemos una anarquía total en la que ganan autoridades locales, insensibles, en ocasiones abusivas y poco transparentes. Han perdido oportunidades de desarrollo los operadores y nuevamente los consumidores han carecido de servicios o han pagado precios elevados”.
En su intervención, quien fuera director general de Sistema de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el periodo 1995-2000, tomó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar el polémico artículo 109 de la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Aunque, subrayó, se trata de un paso importante en favor de la libertad de expresión y el derecho a la información, no se puede dejar de señalar cómo “se le está dando una nueva vuelta al grillete” que pesa sobre el sector radiodifusión.
“En tanto, las plataformas digitales gozan de una gran desregulación, la radio y la televisión están asfixiadas en un amplísimo universo regulatorio. ¿Sabían ustedes, señores legisladores, que en radio y televisión se contemplan en la iniciativa que la autoridad administrativa pueda ordenar la suspensión inmediata de transmisiones de una estación de radio o de un canal de televisión si la autoridad discrecionalmente considera que un locutor o conductor no distinguió adecuadamente entre noticia y opinión?”
Expuso que en la iniciativa que analiza el Senado, se retoma con más fuerza el modelo que en 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional, lo que deja ver que “el redactor solamente escuchó un lado de la moneda”.
“Es indispensable que en el ambiente de libertad no solo exista para las plataformas digitales, sino también para la radio y la televisión, los servicios que compiten entre sí deben tener una regulación similar”.
C$T-GM
