Transmisión ilegal sólo es falta administrativa.
Ante la proliferación de estaciones de radio y televisión piratas que representan para los concesionarios una competencia desleal y que tan sólo en el último año dejaron de pagar derechos por alrededor de 11 millones 815 mil pesos, el Legislativo analizará reformas al Código Penal Federal para sancionar penalmente estos ilícitos.
La propuesta es imponer penas de dos a seis años de prisión y multas de entre 100 a 300 días de salario a quienes incurran en el uso ilícito del espectro radioeléctrico o de recursos orbitales, actividades que en la actualidad no están tipificadas como delitos y sólo suponen faltas administrativas.
El diputado Benjamín Medrano Quezada, promotor de la iniciativa de reforma al capítulo 172 del Código Penal Federal, dijo que entre los claroscuros que persisten en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es que esa práctica ilegal es sólo considerada una falta administrativa lo que ha dado lugar a que se hayan identificado alrededor de 235 estaciones piratas de radio y televisión sobre todo en el sureste del país.
Mencionó que además de las sanciones corporales y económicas, la reforma establece también el decomiso de los equipos e instrumentos productos del delito.
Adicionalmente, subrayó, a fin de equilibrar el régimen sancionatorio, vigente, se propone la modificación al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer que aquellas personas que hayan hecho uso del espectro sin contar con la concesión, no puedan en un plazo de cinco años solicitar su regularización.
Actualmente la ley sólo castiga a los concesionarios que ingresaron ilícitamente al mercado de telecomunicaciones que pueden ser excluidos del sector por cinco años en caso de una sanción, mientras no se reprime penalmente el acceso ilegal al espectro.
Medrano Quezada precisó que regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radiofónico es una prioridad para garantizar el sano desarrollo del sector de telecomunicaciones y aclaró que las medidas permisivas no van en contra de las radios comunitarias que cumplen una labor social y que debieron agotar todo un procedimiento administrativo para el uso del espectro propiedad de la Nación, de acuerdo a lo que establece el 27 Constitucional.
Datos de la plataforma electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la que se invita al público a denunciar la existencia de radios ilegales, subraya que la mayoría de estaciones de este tipo se localiza en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México cuyas transmisiones son en lo general de tipo religioso o esotérico, e incluso muchas han sido relacionadas con el crimen organizado que las utiliza para transmitir mensajes cifrados.
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