El paquete de leyes que se discutirá a partir del lunes en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, implica serios riesgos para la privacidad de las personas e incluso puede llevar a sufrir discriminación o bloqueo en el acceso a numerosos derechos, advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En una conferencia de prensa virtual donde se habló de las leyes que se discutirán la próxima semana, el director interino de la organización, José Flores, advirtió que todas ellas deben entenderse como “piezas de un rompecabezas” que puede tener serias implicaciones.
Se trata de las Leyes de Seguridad e Inteligencia, de la Guardia Nacional; la Ley General de Población, que obliga a tener una CURP biométrica; la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que crea la Plataforma Única de Identidad; y la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
Todas ellas giran en torno a un sistema que permite a las autoridades contar con registros completos, interoperables y de acceso a cientos de autoridades distintas a datos biométricos de las personas, de sus teléfonos, de su actividad en trámites ante autoridades y empresas privadas, de uso de servicios públicos y hasta de temas fiscales, prácticamente sin supervisión no controles ciudadanos.
“Parece inocente, pero es como ir dejando migajas o un rastro que permitirá trazar todas nuestras actividades, porque ahora la CURP será obligatoria para realizar cualquier trámite público o privado y tendrá nuestra información biométrica”.
Además, la Ley de Seguridad e Inteligencia faculta al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a intercambiar e interoperar bases de datos de cualquier autoridad a nivel nacional e incluso internacional, lo que implica riesgos para distintas poblaciones, porque además hay mucha discrecionalidad en cómo se pueden hacer estos cruces de información.
Al respecto, Santiago Narváez investigador de R3D, advirtió que además de todos los riesgos de que no haya salvaguardas suficientes, ni necesidad de contar con orden judicial para hacer estas investigaciones, no se contempla tampoco que las autoridades estén obligadas a enviarle a los ciudadanos alertas de que han sido investigados.
Por ejemplo, si a una persona la investigan porque pudiera tener relación con una persona desaparecida, –incluyendo la actividad de su teléfono celular con geolocalización instantánea—no se le informará con los riesgos que eso supone.
Además, recordó que los sistemas de identificación como los fallidos registros de números celulares que se intentaron en los regímenes de Felipe Calderón y Andrés López, han demostrado que son fácilmente vulnerables y lejos de disminuir delitos los incrementan.
Más aún, estos sistemas pueden fallar, pueden tener errores, lo cual dejaría a muchas personas sin acceso al ejercicio de derechos tan elementales como la salud, alimentación o acceso a apoyos sociales como los de la tercera edad.
Todavía más delicado es el hecho de que la CURP biométrica será obligatoria para todo y para todos y, cuando se vulnere la seguridad de esa información, la persona que haya sufrido tal vulneración no puede hacer ajustes como en una contraseña que se puede cambiar cuando la seguridad ha sido violada.
Al respecto, José Flores advirtió que al ligar la CURP con un número telefónico, se pueden generar serios problemas para las personas. Por ejemplo, si alguien roba un celular y usa la SIM para un delito, quien aparecerá como responsable es el dueño de la SIM y a esa persona se le conculcará el derecho a la presunción de inocencia e incluso le será muy difícil comprobar tal inocencia, lo cual es preocupante.
Además, todas las bases de datos se supone que serán interoperables por parte de numerosas secretarías, fiscalías, autoridades policiacas, Hacienda y demás, pero eso implica un reto técnico muy complejo.
Para dimensionarlo, ejemplificó: “traten ustedes de intercambiar dos hojas de Excel con un colega, cuando uno la hizo de un modo y el otro de manera distinta: para ponerse de acuerdo y homologarla es muy complejo. ¡Ahora imaginen eso a nivel nacional!”
En todo caso y ante el inminente inicio del Periodo Extraordinario de sesiones que arranca la próxima semana, el director interino advirtió que en esta aprobación en paquete de distintas leyes, todas relacionadas, “son documentos que requieren un diálogo franco y abierto entre personas técnicas, especialistas, representantes de la sociedad civil y gente que participa en los sectores y sin embargo, parece que hay premura por aprobar todo este paquete.
C$T-GM
