Proponen pacto en pro de la digitalización.
Las políticas de reactivación económica con fuertes restricciones fiscales en América Latina, impedirían la expansión de cobertura para acelerar la transformación digital de la región, al desincentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, donde las políticas fiscales deben ver este proceso como un bien esencial y no como un servicio de lujo.
“La conectividad hoy día es un servicio que paga 51 por ciento más de impuestos que la media de nuestra región. O alteramos esa ecuación e invertimos el sistema fiscal y el sistema regulatorio hacia aproximaciones más razonables de distribución de valor o simple y sencillamente no podremos vencer el problema de brecha que tenemos”, alertó José Juan Haro, director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista de América Latina de Telefónica.
Al abordar el tema de los desafíos regulatorios en América Latina en el foro virtual Iberoamérica. Transformación Digital Now, sostuvo que lo primero que se debe hacer es establecer regulaciones fiscales que hagan atractiva la inversión, que ayuden a remunerar más lo que se invierte en infraestructura en telecomunicaciones.
“Basta ver la evolución de los valores de los operadores de telecomunicaciones en el mercado de capitales para reconocer que no estamos hablando desafortunadamente, el día de hoy, de una actividad particularmente rentable”, dijo al participar en el panel “La urgencia de acelerar la transformación digital en América Latina”.
Cuando hablamos del tema fiscal en nuestro sector, podemos centrar nuestra atención en la discusión del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), que tiene que ver con la fiscalidad de servicios digitales, “pero se deja normalmente de lado el gravísimo problema de la fiscalidad de la conectividad”.
Recalcó por ello que su propuesta es impulsar un pacto público-privado, porque tenemos que convertir a nuestras sociedades en más digitales; poner el foco en la resolución de desigualdades, en especial en las habilidades digitales de las personas; que apueste a construir una conectividad que no sólo sea accesible para los más ricos, sino que sea inclusiva y sostenible.
Asimismo, que con este pacto se asegure una competencia justa, lo que, dijo, supone que las mismas reglas fiscales y regulatorias se apliquen a todos los jugadores del mercado; y por último, que mejore la confianza mediante un uso ético y responsable de la tecnología.
En el mismo sentido se pronunció Ángel Melguizo, vicepresidente para Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T, Direct TV Latinoamérica, para quien es esencial que los gobiernos pongan sus recursos donde ponen las palabras.
“No podemos seguir haciendo proyectos individuales o de manera bilateral… No podemos tener 130 marcos tributarios cuando los consumidores hoy, cuando usan su celular, su Ipad, o cualquier otro dispositivo tecnológico lo que quieren es que les den un servicio y les da igual dónde esté situada la empresa”.
Si bien no sabemos cuándo acabará este periodo excepcional que estamos viviendo, en el que hay un incremento de tráfico de 40 por ciento en las telecomunicaciones, aseveró que lo seguro es que todo va a seguir siendo digital.
Consideró entonces que para avanzar en América deben seguirse ciertos principios, entre ellos la modernización, de cómo se evalúa la competencia; el de neutralidad tecnológica, para eliminar las diferencias que hay en la regulación para proveedores; de innovación, de experimentos para aprender antes que copiar regulaciones del mundo offline al mundo online; y el de globalidad en las redes.
“La economía de internet es una economía en la cual a nuestros usuarios les da igual donde están nuestras empresas. Por lo tanto, en la regulación de los datos y la transferencia de los datos, como en criterios impositivos, debemos armonizarlo en la medida de lo posible, y si no se puede hacer una solución global que se haga una solución latinoamericana”, expuso.
Si la transformación digital es un objetivo esencial de las políticas públicas, advirtió, no puede ser que este rubro de presupuesto se quede sin cubrir; el reto además, implica un esfuerzo conjunto “cuatripartito, para tener mejores políticas públicas, regulación e inversión.
También, Carlos Lugo, comisionado y director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), consideró importante el tema de la carga tributaria que se está poniendo a este sector, al pensar en un criterio recaudatorio y no de desarrollo y fomento.
“Sin duda todos los planes de reactivación económica no pueden seguir incluyendo una mayor carga regulatoria a nuestro sector, ni al de telecomunicaciones ni la Hightech de las empresas digitales, porque sin duda eso va generar un ambiente de poca inversión, de desconfianza, que no es el que necesitamos hoy, independientemente de cuánto significa de ingreso”.
C$T-GM
