Especialistas de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles representa todavía muchos riesgos para la ciudadanía, por lo que recomendaron “tener paciencia” y no apresurarse a realizar el proceso de vinculación, además de no descartar la vía del amparo.
En un streaming transmitido en vivo a través de las redes sociales de la organización, José Flores, Iván Martínez y Ana Gaitán, advirtieron que, en su forma actual, el registro conlleva peligros para las libertades de las personas, en tanto las compañías telefónicas no están del todo preparadas para atender a los más de 900 mil usuarios que se deben registrar diariamente para cumplir con el mandato de vincular todas las líneas móviles del país antes del 30 de junio.
Además, se han detectado ya delitos de phishing, usurpación de identidad con herramientas de IA y extorsiones telefónicas derivadas de este proceso e insistieron en que la prisa por realizar los registros es de las autoridades y no de los ciudadanos.
“El actual Registro hereda muchos problemas de los registros anteriores, como la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad, porque afecta el derecho de los ciudadanos a acceder a las tecnologías de la información, plasmado en el artículo sexto constitucional”, advirtió José Flores, director de comunicación de R3D.
Asimismo, se anula la posibilidad de dar consentimiento informado y explícito de la entrega de datos personales, porque la obligatoriedad del registro pasa por alto ese derecho y, más aún, “qué pasa si me roban el teléfono y con él se comete un delito: hay un problema de presunción de inocencia, porque mientras yo no cancele mi línea, se supone que yo fui el responsable y por lo tanto me están re victimizando”.
Además, la posibilidad de que la autoridad fiscal revise lo que se hace en las plataformas, sirve para perfilar a las personas y si bien los argumentos que da el Estado para impulsar el paquete legislativo que incluye el registro de líneas pueden ser legítimos, si no hay un control adecuado puede ser muy delicado.
A su vez, Ana Gaitán, especialista legal de R3D demostró que “se está creando una falsa ilusión de efectividad; el día de mañana, el secretario de Seguridad Pública, por ejemplo, podrá decir que se detuvo a X número de extorsionadores telefónicos gracias a este registro, pero puede ser que quien está en realidad en la cárcel es el dueño del teléfono robado con el que los delincuentes cometieron el delito”.
Esto implica que las personas vulnerables que no tengan recursos y no puedan pagar a un abogado, serán las más afectadas y mientras los extorsionadores “profesionales”, siguen libres y cometiendo más delitos “porque saben muy bien cómo eludir controles”.
En ese sentido, respaldó la propuesta de sus compañeros de esperar a que pase un poco más de tiempo antes de hacer el registro de las líneas, para dar oportunidad de que se corrijan los errores que hemos visto.
Sobre la vía del amparo, reconoció que aunque es una vía larga, tediosa, que requiere conocimientos, recursos y gente que le dé seguimiento, se debe intentar como forma de resistencia civil a una acción que “a todas las luces viola derechos”.
Iván Martínez, coordinador de comunidad y educación de R3D, confió en que conforme pase el tiempo, los mecanismos del registro se van ajustando y de hecho reconoció que afortunadamente la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha cambiado un poco la narrativa, porque al principio el mensaje fue: “si no vinculas, no hablas”, lo cual parecía más una amenaza que una invitación.
Ahora, ya se borraron esos mensajes y el tono es más amable, pero en todo caso, el tema es que sí existe vulneración de derechos en todo el esquema y nada garantiza que el día de mañana no se vayan a dar abusos, porque no hay salvaguardas.
Recordó también que en México hay 160 millones de líneas móviles y eso significa que para lograr la vinculación de cada una, las empresas de telecomunicaciones tendrían que vincular más de 900 mil al día, lo que es un problema operativo muy serio y es posible que las plataformas no se den abasto.
“Lo que sí es un hecho es que la prisa está de lado de las autoridades, no de los ciudadanos”, por lo que recomendó esperar casi hasta la fecha límite y no dejar de ejercer presión como sociedad, sobre algo que no debería haber aprobado, porque ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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