Con 86 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica que extingue siete órganos autónomos entre los que se encuentran el IFT y Cofece, con lo cual el dictamen será remitido a los Congresos estatales para su ratificación y posterior promulgación por parte del Ejecutivo.
“Está aprobado en lo general y lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye su remisión inmediata a las legislaturas de las entidades federativas y la Ciudad de México”, indicó el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva.
Una vez que el dictamen fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, el siguiente paso es la ratificación de la reforma constitucional en al menos 17 Congresos estatales, lo que en realidad es una mera formalidad, pues el partido Morena gobierna en 24 entidades del país.
De acuerdo con el artículo Décimo Transitorio del decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir nuevas leyes de telecomunicaciones y de competencia, y aunque no establece un plazo para que esto suceda, sí señala que 180 días después de la entrada en vigor de dicha legislación secundaria, se darán por extinguidos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
El documento señala que al reformar el artículo 28 constitucional, será el Ejecutivo Federal, el que a través de una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia que se creará, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.
Ello, “con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura”.
Aunque el dictamen aprobado señala que con esta reforma constitucional no se vulneran las obligaciones internacionales de México, establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), diversas voces especializadas aseguran que esto es incorrecto pues el convenio establece claramente que el regulador de las telecomunicaciones debe ser un órgano autónomo del Poder Ejecutivo.
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