Competencia en sector telecom sigue estando pendiente.
Aunque suene a “disco rayado”, es imperativo reconocer que el COVID-19 llegó a modificar toda la lógica del mercado de las telecomunicaciones y de modelos de negocio de empresas relevantes para el sector como Altán Redes, operador de la Red Compartida, proyecto que representa el cuarto pilar más importante de la reforma de 2013.
En opinión de Fernando Borjón Figueroa, ex titular del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), que impulsó el diseño y operación del proyecto denominado Red Compartida, es fundamental recordar que la reforma constitucional de 2013 puso en el centro de las acciones, impulsar la competencia en un mercado con altos signos de concentración.
Aunque el confinamiento sanitario ha resaltado la importancia que tienen los servicios de telecomunicaciones, particularmente los fijos, también ha propiciado que los ingresos de los servicios móviles no sean tan altos como antes, y que el despliegue de redes móviles durante la pandemia enfrente elementos que han elevado el costo de su construcción.
El modelo de Altán Redes, en su parte inicial tuvo como objetivo mover el mercado, usar la infraestructura existente, mover torres y fibra óptica, etcétera, lo cual llegó a suceder a tal grado que llegaron jugadores del sector a quejarse con Promtel de que Altán los estaba “matando” porque los puso a competir.
Es decir, que el objetivo para el que fue diseñada la Red Compartida estaba teniendo resultados; sin embargo, toda la infraestructura que se ha podido compartir gradualmente se agota y ahora hay que construir nueva y más infraestructura, destacó el también ex-comisionado del IFT.
El Covid-19 está vigente, todavía no se acaba, y los impactos son de tal magnitud que en reuniones de la junta de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), analizando temas de infraestructura satelital, proyectos con tiempos de despliegue de siete años o más, han surgido varias solicitudes de países que están buscando prórrogas por el tema de la pandemia.
El confinamiento les impidió llevar a cabo reuniones y suspender negociaciones financieras, lo cual es crítico en negocios intensivos en capital, como es el despliegue de cualquier proyecto de telecomunicaciones donde conseguir dinero es fundamental; “claramente hay evidencia, -y así lo hemos calificado en la junta de la UIT- que se trata de causas de fuerza mayor”.
La pandemia no ha sido como un terremoto u otro fenómeno climatológico que tiene un periodo crítico pero desaparece, la crisis sanitaria ha estado vigente por más de 13 meses, y aunque por momentos hay curvas de descenso, también hay “amenazas de que puede volver con mayor fuerza”.
Cuestionado sobre una eventual posibilidad de que Altán Redes estuviera en vísperas de entrar en concurso mercantil, el especialista explicó que este recurso permite a las empresas renegociar deudas con los acreedores, pues la parte financiera es crítica y fundamental, sobre todo en el caso de esta empresa que tiene diversos acreedores, nacionales y extranjeros, tanto en la parte privada como con la banca de desarrollo doméstica.
Explicó también que en términos del contrato signado está prevista la intervención del Estado si la empresa decidiera abandonar el proyecto o si se optara por intervenirla; legalmente Promtel lo puede hacer, la pregunta es si tiene la capacidad y el dinero para operar esta red de telecomunicaciones.
También es pertinente preguntarse, si es opción un escenario en el que CFE Telecom operará la red, el mismo agente al que se le quitó una red troncal porque generaba sobreprecios de 30 por ciento arriba del mercado, ¿sería una opción un operador estatal en el mercado, hay dinero para ello en esta fase que es la más crítica?
Para Borjón Figueroa, aunque mucho se diga que la Red Compartida debería ser sólo para brindar cobertura social en forma eficiente en las zonas más apartadas del país, es importante recordar que su objetivo principal, fue garantizar que un mayor número de agentes tuvieran acceso abierto a una red mayorista que impulsará más competencia en un mercado, el cual a casi ocho años de reforma, aún presenta fuertes signos de concentración.
“Bien podría servir para eso, por las bondades que ofrece esa banda, pero ese no es su objetivo original, y aunque tiene como meta garantizar cobertura para 92.2 por ciento de la población, hoy se están teniendo dificultades para implementar esto, por lo que es importante preguntarse si ya se resolvió el problema de la competencia; la respuesta es muy simple, no”.
La siguiente pregunta es cuál es la solución bajo una circunstancia en la cual uno de los tres principales jugadores de telefonía en el país se está saliendo (Telefónica), con lo cual el mercado se quedará solo con dos operadores minoristas importantes, ¿la apuesta sería un duopolio?
La viabilidad financiera de la Red Compartida ha sido cuestionada en diferentes momentos, por ello se optó por una Asociación Público Privada (APP), para pasar la responsabilidad total a la iniciativa privada; cuestionar ahora si esa responsabilidad puede pasar al Estado, es estéril, pues si en el sexenio pasado cuando se tenían fuertes ingresos por venta de hidrocarburos se desechó, con la austeridad del actual gobierno, eso es materialmente imposible.
Al preguntarle si haber modificado el plan original de negocios para favorecer la cobertura social tuvo repercusiones negativas en el modelo de negocio de Altán Redes, el ex funcionario aseguró que aunque “todo tiene que ver”, esa idea es improbable.
“Buscar la cobertura de las zonas más apartadas y menos favorecidas del país, es una meta loable que incluso debe impulsar el Estado, la pregunta es cómo debe hacerlo, cuando se vio la fotografía de la firma de los tres operadores con el presidente, eso fue bueno porque el estar compitiendo por infraestructura en mercados que no son redituables está de locos”.
Lo cierto es que Altán no ha logrado tener un gran cliente que tenga una amplia penetración de mercado, y los ajustes recientes, para dar prioridad a cobertura social se entiende que fue un “acuerdo de voluntades” donde seguramente no se está visualizando llegar a zonas remotas con fibra óptica sino con satélites.
La velocidad con la que se adjudicó el proyecto de la Red Compartida fue vertiginosa; a finales de 2017 se entregó la concesión y para el año siguiente ya operaba una red con más del 30 por ciento de cobertura lo que era “una barbaridad”, recordó.
Incluso, Joaquín Coronado, director de Altán Redes de ese momento, llegó a decir que era como una “carrera de caballos”, donde todos debían de correr parejo y llegar a la meta, refiriéndose a las diferentes tareas como la adquisición de terrenos, instalar torres, llevar fibra óptica y todo lo que implicaba la instalación de la Red Compartida.
Hoy, con el confinamiento sanitario la dinámica y la lógica del mercado es otra, por lo que es oportuno preguntarse si los elementos de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión ya dieron todos los resultados que tenían que dar, si sería oportuno “deshuesar” una red y entregar sus partes a los operadores existentes, es decir, infraestructura de muy alta calidad a muy bajo precio.
Son preguntas fáciles de hacer pero difíciles de resolver, pues de entrada para ello se tendrán que abordar cambios constitucionales. “Cuando uno se pierde en una tormenta, es pertinente buscar el faro, que llevará a buen puerto, tal vez no en la ruta original, ni en los plazos previstos, pero ayudará a llegar”.
C$T-GM
