Hace nueve años, México era noticia internacional al anunciar el desarrollo de la Red Compartida, un modelo único en su tipo por su carácter público-privado y mayorista, que prometía equilibrar el mercado y reducir la brecha digital, pero que hoy está totalmente desvirtuado y en la antesala de un nuevo capítulo: la consolidación del Estado como un competidor más que ofrece servicios al usuario final bajo cuestionables ventajas.
Y es que, un borrador de lo que podría ser la nueva Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pone la luz sobre una adición interesante al describir a la Red Compartida Mayorista como una infraestructura habilitada para comercializar capacidad, infraestructura o servicios de telecomunicaciones al mayoreo a otros concesionarios o comercializadoras, “así como a usuarios finales”.
Desde la perspectiva de analistas como Fernando Borjón, asesor Senior de Access Partnership, el hecho que pretender agregar la posibilidad de que esta red operada por Altán Redes pueda ofrecer servicios también al usuario final, cambia todo el juego incorporando así a un nuevo competidor en el mercado que además podría no tener freno en materia de prácticas monopólicas: el Estado.
“La pregunta es si también va a cambiar algo en los derechos de la banda de 700 MHz, porque se le asignaron 90 MHz porque era exclusivamente mayorista. Esa es una primera pregunta, pero si a esto se suma el hecho de que cuando el Estado quiera participar comercialmente se brinca todo y es una adjudicación directa, se tiene una tormenta perfecta”.
El carácter mayorista de la Red Compartida es tan importante que en el Capítulo V de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTFR), se establece claramente que “en ningún caso podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales”; además de señalar los principios de compartición de infraestructura que la rigen, así como las condiciones de no discriminación y de precios competitivos.
En el documento que podría ser un primer “saque” del nuevo marco legal en materia de telecomunicaciones se observan una artículo derogado y una modificación, que por mucho llaman la atención:
En el primer caso se trata del artículo 141 de la LFTR, que se refiere a cómo los concesionarios con participación pública deben sujetarse a principios de neutralidad a la competencia cuando sus fines sean comerciales, y el cual podría ser eliminado.
Además, se pretende modificar el artículo 142, que si bien se trata de la asignación directa que se le hizo a la red compartida de los 90 MHz de la banda 700 MHz para su operación, daría paso a la asignación directa, por parte de la ATDT, de bandas de frecuencia mediante concesión de uso comercial.
Esto podría significar que el Estado pueda pedir concesiones comerciales por asignación directa, sin necesidad de pasar por una licitación pública, ni pagar subastas.
En el camino del diseño del nuevo andamiaje legal e institucional para el sector telecomunicaciones, no se puede pasar por alto otro ingrediente clave para analizar el rol que el Estado pretende tener en la proveeduría de servicios clave como el acceso a internet y la telefonía móvil: la adquisición indirecta del 23.08 por ciento de participación en Altán Redes por parte de CFE.
Al anunciar la aprobación de esta adquisición, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fue enfático al asegurar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tendrá el control de la empresa y sujetó la operación a condiciones, mismas que deberán ser aceptadas por las partes y cuyo plazo para hacerlo se termina precisamente esta semana, de lo contrario, la operación se tendrá por no autorizada.
Desde la perspectiva de Salomón Padilla, vicepresidente de la ATIM, la concentración CFE-Altán, dará paso a que el Estado “sea juez y parte” en el mercado de las telecomunicaciones donde “se creó una red compartida que no se ha podido compartir, porque es claro que hay operadores móviles virtuales que hoy no tienen los mismos precios y condiciones que se le dan a Bait”.
Además, dijo el representante de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), queda por ver si todos los operadores tendrán las mismas condiciones de acceso a infraestructura pasiva que tendrá CFE-TEIT.
“La ATIM ve esta concentración con mucha preocupación y nos parece insostenible porque la gran pregunta es cuánto tiempo y dinero se le va a seguir dando a una empresa quebrada. Sobra decir que las condiciones que impuso el IFT a la concentración CFE-Altán, no son suficientes”.
De hecho, la concentración de CFE y Altán Redes también es motivo de preocupación entre más de 300 operadores locales y de proximidad que ofrecen servicios de telefonía e internet en zonas rurales y semiurbanas, pues opinan que evidencia la competencia desleal que el Estado es capaz de ejercer en contra de empresas en las que podría apoyarse para avanzar en sus objetivos de conectividad.
Para las firmas que conforman la Alianza por la Conectividad, aunque el interés del Estado en consolidarse como un operador más de telecomunicaciones se justifica asegurando que la iniciativa privada no ha llegado a lugares poco rentables, se soslaya el papel y el esfuerzo que a diario realizan los Operadores Móviles Virtuales (OMVs), los proveedores de internet y los pequeños operadores.
Y por si esto fuera poco, existe otro frente abierto que podría dar muchos dolores de cabeza a México en la era Trump: el Capítulo 18 en Telecomunicaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El artículo 18.18 es claro: “Ninguna Parte otorgará un trato más favorable a un proveedor de servicios de telecomunicaciones en su territorio que el otorgado a un proveedor de servicios similar de otra Parte sobre la base de que el proveedor que recibe un trato más favorable es propiedad o está bajo el control del nivel central de gobierno de la Parte”.
En materia de espectro, el artículo 18.21 señala de forma explícita que cada parte procurará basarse generalmente, en enfoques de mercado en la asignación de este recurso y para ello es fundamental el uso de mecanismos como las licitaciones.
El caso de la Red Compartida que nació mayorista en 2016 cuando Altán Redes ganó la licitación para operarla, es sólo un ejemplo de las implicaciones que México tendrá que asumir si el Congreso decide ir hacia adelante con los posibles cambios que aquí se describen, las preguntas quedan en el aire:
¿Aceptarán las y los legisladores de Morena la retroalimentación de la industria? ¿escucharán a la academia? ¿Abrirán los oídos para atender a la sociedad civil? ¿O será la ley secundaria en proceso el resultado de un monólogo interno de la 4T?
C$T-GM
