En noviembre de 2016 le fue adjudicado al consorcio Altán el ambicioso proyecto de la Red Compartida, cuya principal promesa era aumentar la cobertura de los servicios más avanzados de telecomunicaciones 4G-LTE hasta un 92.2 por ciento a nivel nacional. A cinco años de una histórica licitación internacional, la empresa inició un proceso de concurso mercantil y casi un año después está siendo rescatada por el gobierno federal.
Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó la noticia en su conferencia mañanera del pasado 10 de junio: “Tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa, que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos, ya es de la Nación. El Estado mexicano es socio mayoritario, ya tiene la dirección, la administración de la empresa”.
En opinión de Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), con este rescate pierde el sector, pierde México, y más aún, se gesta una preocupación que debería encender las alertas: “Que la rescaten y después la vendan al mejor postor. Sólo hay dos posibles postores, Telmex y Televisa”.
Para el especialista, una jugada de este tipo es peligrosa tratándose de dos empresas que no se han podido quitar de encima la etiqueta de Agentes Económicos Preponderantes (AEP), pero no es descabellada si se considera que son naturales interesados en tener una infraestructura de fibra óptica tan poderosa y que “además son los que le hablan al oído al presidente”.
“Esto sería muy grave. Soy un firme creyente del mercado, y también un firme creyente que el Estado no debe ser operador, en cualquiera de sus niveles, federal, estatal y municipal”, sostiene Padilla.
En la actualidad,la Red Compartida brinda cobertura de internet a nivel nacional a más de 79 millones de personas, 56 mercados comerciales, 87 pueblos mágicos y más de 108 mil localidades de menos de 5 mil habitantes.
“Altán Redes con todo y la líneas que logró, se quedó en las ciudades. No hemos resuelto el problema de raíz y se han concentrado los recursos en grandes elefantes blancos que no han logrado nada. Lo dijimos desde un principio. Es una red mayorista que nunca quiso tratar con los operadores medianos y pequeños”.
En la perspectiva del especialista, una vez que el gobierno federal se convierte en socio mayoritario de Altán Redes, la empresa continuará su camino de yerros. “Nunca pudimos establecer un plan de negocios porque el problema con Altán Redes es que no tiene un plan de negocios porque ya se manejaba como gobierno, con burocracia y todos los negocios se le hacían chiquitos”.
Con una brecha digital de casi 40 millones de personas, México tiene un desafío monumental. De hecho, en 2021 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advertía que ampliar la conectividad en el país requiere una inversión de más de 11 mil millones de dólares, de los cuales, 42.9 por ciento debe ejercerse en el ámbito rural.
“Cuando se hace una empresa desde el Estado, el modelo le sirve al Estado pero no se logran los objetivos. Los operadores suburbanos y rurales, que tienen redes en las poblaciones, y de la mano de los llamados wisperos, podemos lograr la cobertura soñada, pero para eso necesitamos apoyo regulatorio y apoyo financiero, que el Estado ponga su parte, en lugar de ponerlo en empresas como la Red Jalisco que no sirve para nada y se gastaron mil millones de pesos”.
Para Salomón Padilla, el momento que vive Altán Redes y el despliegue mismo de la Red Compartida se veía venir desde que se comenzaron a incumplir los primeros hitos de cobertura y como consecuencia de la participación del Estado, pues en este tipo de empresas la maniobra política suele estar presente y tiene el poder de modificar incluso planes de negocio.
En un momento en el que se habla con entusiasmo de las redes 5G, es importante abrir la conversación sobre la infraestructura pasiva de telecomunicaciones y las múltiples barreras que enfrentan los operadores en áreas suburbanas y rurales.
“Algo que tenemos que generar todos los actores, es confianza. Eso es lo que no hay en este momento, ni en los operadores, autoridades ni en las políticas, se debe retomar eso. Y aunque no es la posición legal del IFT, sí está en una posición ideal de lograrlo, de ser un catalizador de esa confianza entre las partes”.
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