Con el fin de abordar los múltiples factores que intervienen en el fenómeno de la brecha digital y reflexionar sobre el poder de la conectividad para reducir la pobreza y la desigualdad en México, el próximo miércoles 13 de julio se realizará el foro “Telecomunicaciones para la inclusión” que reunirá a representantes de la industria, funcionarios y especialistas.
El ejercicio de reflexión e intercambio de ideas sobre uno de los grandes problemas que enfrenta México es liderado por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, quien tiene entre sus objetivos ampliar el análisis hacia el efectivo ejercicio del derecho a la conectividad plasmado en la Constitución.
En el encuentro, que se realizará en formato virtual a partir de las 10:00 horas, participarán Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Sóstenes Díaz, comisionado del IFT; Carlos Lerma, director general de Altán Redes y Gabriela Ramos, sub directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.
Asimismo, estarán presentes Verena Weber, jefa de la Unidad de Política de Infraestructuras y Servicios de Comunicaciones de la OCDE; Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Telecomunicaciones de Canieti; Irene Levy, presidenta de Observatel, así como legisladores de diversas bancadas.
La ausencia de políticas públicas en materia de conectividad, el rezago social y económico que genera la brecha digital, los altos costos del espectro radioeléctrico, la falta de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y la necesidad de impulsar precios acordes con la realidad social de la ciudadanía, son algunos de los temas que se abordarán.
Hace mucho que el acceso a internet dejó de ser un lujo, una realidad que dejó en claro el confinamiento obligado por la pandemia y que demostró que este servicio es tan vital como el agua, la luz y todo aquello que garantice una mejor calidad de vida, opinó el legislador.
Por ello, en abril pasado presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 6 constitucional pues aunque el texto vigente señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluyendo el servicio de banda ancha e internet y que establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, no menciona la obligación de ofrecer conectividad o de establecer políticas públicas destinadas a la reducción de la brecha digital.
“La Constitución sí garantiza el derecho a las TIC pero no asegura que a través de las políticas públicas se garantice este derecho. Este es el marco general que queremos abordar en un foro que vamos a realizar el próximo 13 de julio para escuchar y poner en el diálogo nacional cómo la conectividad ayuda a reducir la pobreza y a elevar la movilidad social, económica y educativa”.
El legislador explicó que un tema necesario de abordar es cómo el país puede salir del “círculo vicioso” que se está generando con el encarecimiento del espectro radioeléctrico, por lo que la presencia de la autoridad hacendaria, es una pieza clave en la conversación.
“Lo que tenemos que hacer es salir del círculo vicioso que se está dando con el encarecimiento del espectro, es un tema que se pondrá en la mesa y que posiblemente el subsecretario Yorio estará en disposición de que la Secretaría de Hacienda sepa que esto no es un tema sólo de ingresos para la federación, sino que es un tema de calidad de vida, de desarrollo y combate a la pobreza y a la desigualdad”.
De acuerdo con datos de la recién publicada Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2021 había 88.6 millones de personas usuarias de internet; sin embargo, esa cantidad apenas representa un incremento de 4.1 puntos porcentuales con relación al nivel de 2020, pues se pasó de una penetración de 71.5 a una de 75.6 por ciento de la población.
“Si estamos en un camino fast track hacia el mundo virtual, qué estamos esperando para tener en el país una oferta lo suficientemente extensa, democrática y sostenible atendiendo las necesidades del país y acorde al ingreso promedio de las familias”.
C$T-GM
