Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de los órganos autónomos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que la nueva estructura administrativa debe garantizar autonomía en la toma de decisiones, además de mantener un carácter técnico e independiente de la agenda e intereses del Poder Ejecutivo.
En un análisis sobre el tema, el IMCO dividió las reformas en cuatro funciones que serán trasladadas al Ejecutivo y los riesgos que esto implica en términos de competitividad: competencia económica; regulación de los mercados de energía e hidrocarburos; transparencia y protección de datos personales; y evaluación de políticas educativas.
Sobre la función de competencia económica, el IMCO señaló que los órganos autónomos involucrados son la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), cuyas funciones se trasladan a la Secretaría de Economía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se traslada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes.
Al respecto, “existe un riesgo que las decisiones de competencia, al originarse desde el Ejecutivo, carezcan de la imparcialidad necesaria que exige su naturaleza. Esto puede erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas sobre la existencia de órganos que emitan fallos basados en técnica y no en intereses particulares”.
También destacó la posibilidad de que la eliminación de estos órganos autónomos resulte en el incumplimiento de las obligaciones comerciales de México, ya que el capítulo 18 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial, y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector.
Además, el capítulo 21 determina la obligación de contar con una autoridad de competencia responsable de la aplicación de la ley y dar trato no menos favorable a personas de los países miembros.
En este contexto, es preciso que se consolide una institución independiente, con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, con un servicio profesional propio, que se encargue de la investigación y sanción de prácticas que afecten la competencia en los mercados. Será igualmente necesario que los protocolos implementados por la Cofece se adapten al mercado de telecomunicaciones, en el escenario de que una nueva institución antimonopólica asuma también esas funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El análisis del IMCO explica que en materia de mercados de energía e hidrocarburos, donde las instituciones que desaparecen son la Comisión Reguladora de Energía y que pasará a la Secretaría del Ramo y en parte a la Comisión Federal de Energía; así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que pasa a la Secretaría de Energía, convierte al Estado mexicano en juez y parte en materia de tarifas lo que puede ser violatorio del artículo 22 del T-MEC.
En cuanto a transparencia y protección de datos personales, donde el INAI desaparece y sus funciones se trasladan a diversas dependencias, señala que con este modelo, se impactará la participación de la sociedad civil, dada la limitación para realizar solicitudes de información a falta de un órgano garante, además de que pone en entredicho lo acordado en el artículo 27 de T-MEC en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Finalmente sobre educación, donde se pretende desaparecer al Coneval para pasar sus funciones al INEGI, advierte que los retos de pobreza y falta de acceso a la educación (hoy la matrícula escolar es menor que la del ciclo 2005-2006), “exigen contar con instituciones sólidas, capaces de evaluar y comunicar los resultados sin presiones políticas y con base en evidencia”, cosa que está en duda con el paso de estas funciones a otras dependencias.
Ante este panorama, el IMCO recomienda:
Garantizar la autonomía técnica, operativa y de gestión de los órganos desconcentrados, descentralizados o unidades administrativas. Establecer un mecanismo de control legislativo que exija la comparecencia de las personas titulares de las unidades o instituciones que absorban las funciones; y diseñar un protocolo para que la transferencia de las capacidades institucionales (recursos humanos, conocimiento, tecnologías, metodologías, sistemas) de los órganos extintos a las instituciones sea exitosa.
Igualmente se sugiere mantener la perspectiva de toma de decisiones colegiadas para evitar la concentración de intereses; implementar manuales para la gestión de registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos que pasarán a formar parte del Ejecutivo Federal y del INEGI.
También juzgó importante incluir en la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado, un equipo encargado de monitorear posibles incumplimientos; y dar seguimiento, desde la sociedad civil, a la evolución de los cambios y se evalúen que las funciones de regulación sean absorbidas por las secretarías de Estado y por el INEGI.
C$T-GM
