Intereses políticos y de negocios se sobreponen a políticas regulatorias
El dictamen que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que las estaciones de televisión pública realicen el apagón analógico hasta el 2016, es innecesario en los términos planteados en la Cámara de Senadores y atenta contra la autonomía del Ifetel.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) sostiene en un comunicado que las disposiciones que debe tomar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), los concesionarios y los actuales permisionarios ya están contenidas en la ley secundaria.
“La Constitución debe cumplirse y debe acatarse el plazo de conclusión de las señales analógicas el 31 de diciembre de 2015. Los medios públicos y sociales que tengan dificultades para transitar a la TDT pueden acercarse al Ifetel y el regulador debe establecer un programa para que no se suspenda el servicio público de radiodifusión y se transmita en digital lo más pronto posible”.
Asimismo, indica la asociación presidida por Jorge Fernando Negrete, las posibles sanciones a las cuales se hagan acreedores los radiodifusores también están previstas en la ley y en las atribuciones del regulador.
“La Amedi hace una defensa de la autonomía constitucional del Ifetel, órgano técnico especializado en la materia, así como de la política pública que permita transitar a la Televisión Digital Terrestre.
La asociación refiere que México será el primer país en América Latina en realizar su apagón analógico, y 18 organismos reguladores de la región observan con atención la política y las acciones regulatorias que está tomando el país.
“Los reguladores de América Latina observan con escándalo cómo el Poder Legislativo cede a las presiones de las televisoras y cómo los intereses políticos y de negocios se sobreponen a las políticas regulatorias”.
En opinión de la Amedi, cualquier intento de modificación de los legisladores obedece a un interés por congraciarse con las televisoras privadas, concediéndoles privilegios y un régimen de excepción regulatoria.
“Los concesionarios han tenido tiempo, ingresos y fuentes de financiamiento suficientes para transitar a la TDT el 31 de diciembre de 2015. Sustraer las facultades técnicas y regulatorias del IFT, degradar el servicio o suspenderlo por falta de inversiones, constituye una afrenta al derecho a la información y la libertad de expresión de los mexicanos”.
C$C-GM
