En el Senado de la República se analizará una iniciativa que toma en cuenta una de las propuestas que recientemente puso sobre la mesa el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y que sugiere que este insumo esencial para la industria tenga costos diferenciados con base en la demanda en determinados puntos geográficos.
La propuesta legislativa presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo, en conjunto con otros legisladores del Partido del Trabajo (PT), plantea modificar la estructura del cobro de derechos de las bandas de 800 a 850 MHz, para que en lugar de hacerlo por regiones celulares se determinen por Área Básica de Servicio (ABS).
Asimismo, la iniciativa publicada en la Gaceta del Senado este martes 20 de septiembre, incorpora un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social en contra del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico que permita la inversión de los concesionarios y que haya cobertura en localidades sin servicio móvil de acceso a internet.
Entrevistada en el marco del foro México 5G, la legisladora dijo que la iniciativa toma en cuenta planteamientos del IFT, cuya experiencia en la materia debe aprovecharse, especialmente centrándose en el despliegue de las redes de quinta generación.
«Creo que si tenemos que modernizar al país tendríamos que pensar exclusivamente en 5G. Yo creo que si pensamos con esta visión podemos establecer una ruta de crecimiento y modernización de nuestro país e ir rebatiendo cuál es el rezago que tenemos”.
Aunque la legisladora reconoció que el Senado de la República tiene sus propios temas, confío en que éste, por la importancia que tiene para el desarrollo social y económico de México, y la aceptación en las bancadas, sea aprobado sin complicaciones.
«Estamos generando la posibilidad de tener más aliados en todas las bancadas, incluso en la colegisladora, porque finalmente la propuesta de este planteamiento presupuestal viene de Diputados y ellos son los que están facultados para esto».
La senadora estimó que tendrá buena aceptación en comisiones, no obstante que debe convertirse en uno de los temas prioritarios en las agendas de todos los legisladores.
«Afortunadamente quien preside la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación es un aliado de este tema, es el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y junto con él podemos darle un trámite más ágil al proceso legislativo».
En junio pasado, el instituto presentó a la Secretaría de Hacienda seis propuestas de modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) para el ejercicio fiscal 2023 encaminadas a actualizar y revisar a la baja el monto de los derechos que están establecidos para diferentes bandas del espectro radioeléctrico, en particular las relacionadas con los servicios móviles; sin embargo, sólo una se incorporó en el anteproyecto entregado al Congreso de la Unión.
Una de las propuestas presentadas por el regulador, que no representaba un costo fiscal, era reestructurar las cuotas de los derechos de las Bandas de 600 MHz y 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) en lugar de Región Celular (artículos 244-H y 244-G de la LFD).
La propuesta del IFT estaba encaminada a realizar un rebalanceo que permitiera que el MHZ-POP o la cantidad a pagar por persona, se asociara a las ABS, con el fin de que en aquellas áreas económicamente más deprimidas, el costo por el uso del espectro fuera menor.
En entrevista con ConsumoTIC, publicada el pasado 14 de septiembre, Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, dijo que el objetivo de esta propuesta era incentivar la entrada de más participantes a las licitaciones de espectro radioeléctrico.
“Que no necesariamente fueran las grandes empresas que participan generalmente por bloques a nivel nacional, sino también pequeños y medianos operadores que pudieran estar interesados en áreas más pequeñas y con derechos por el uso del espectro, deseablemente más bajos”.
Desde la perspectiva del funcionario, el precio del espectro radioeléctrico sigue siendo alto debido a que hay una gran distorsión en cómo se cobra este recurso, pues más del 80 por ciento está fijado en la Ley de Derechos y muchas bandas tienen un costo por encima de la media internacional.
Es así que la actual política fiscal es un “eterno perder-perder”, que termina impactando a los usuarios porque no tienen más servicios, pero también al propio gobierno federal porque no va a poder tener más ingresos, y a la industria que se ve limitada en su capacidad para incrementar su oferta.
C$T-GM