Los servicios digitales merecen la creación de una ley completa para su regulación y no solo quedarse dentro de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque ahí, con su redacción actual de definiciones ambiguas e incompletas, puede causar incertidumbre, fragmentación en el mercado, provocar conflictos legales y hasta disuadir inversiones.
Expertos coincidieron en lo anterior, durante el tercer Conversatorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, con el tema “Servicios Digitales”, concitó la opinión generalizada, en el sentido de que este tipo de servicios son independientes de las telecomunicaciones y por lo tanto, requieren una legislación aparte.
Los servicios de las plataformas digitales residen en internet, no forman parte de las telecomunicaciones propiamente, sino de un servicio que se presta a través de éstas, explicó, Fabiola Peña Ahumada, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), quien advirtió que tales servicios ya están regulados y ponerles más regulación es complejo.
Con la definición ambigua que contiene la ley cuyo dictamen está a discusión en el Senado de la República, se crea incertidumbre, fragmentación y puede no sólo generar conflictos legales, sino hasta disuadir la inversión, señaló al sugerir que las definiciones se tomen de los estándares internacionales como la OCDE y la UIT, a fin de evitar confusiones y ofreció al Legislativo el acompañamiento de la ALAI para crear esa nueva Ley para los servicios digitales.
A nombre de la Asociación de Internet MX, su vicepresidente de Comercio Electrónico, David Pizaña Rito advirtió la preocupación de que los servicios digitales se inserten en un marco hecho para regular las telecomunicaciones, como es el caso. “Hacerlo así es una forma parcial y dispersa y sus artículos de definiciones poco claras, implican riesgos para la interpretación de la norma”.
Esta no es una solución completa; “necesitamos una ley adjetiva específica para el ecosistema digital, con sus particularidades y que contemple a las plataformas, con el debido respeto a los derechos y que genere certidumbre”.
Aseguró que con iniciativas como LlaveMX, elevar a 30 por ciento los pagos digitales (meta contemplada en el Plan México) y la creación de plataformas digitales interconectadas, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) “está tendiendo las autopistas; pero esta ley en forma dispersa y parcial, va a impedir la circulación o no la va a propiciar de forma correcta por esa autopista”.
Mercedes Aramendía Falco, directora ejecutiva de la Alianza por una Internet Abierta en América Latina y el Caribe (AIA-LAC), advirtió que en su estado actual, “el proyecto introduce cambios que pueden poner en riesgo las libertades”; por el contrario, se requieren marcos regulatorios habilitantes y flexibles, centrados en las personas, la promoción de los derechos humanos y las inversiones.
“No olvidemos que las plataformas digitales ya forman parte de la vida diaria de las personas y millones de ciudadanos en la región ejercen sus derechos a través de ellas, además de que la nube pública sólo en 2023 generó 153 mil millones de dólares en seis países de América Latina –México incluido—lo que da cuenta de su relevancia”.
En materia de protección a derechos humanos, Francia Pietrasanta Baldazo, abogada y líder de proyectos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), expuso que se requiere fortalecer la legislación en materia de protección y cuidado de los datos personales, “y otra para servicios digitales con interoperabilidad y transparencia”.
A nombre de su organización, que también estuvo presente en la primera jornada de estos Conversatorios, propuso “una combinación de protección de datos con marco jurídico específico para las plataformas digitales”.
Gabriel Richaud Falcón, director general de IAB México, advirtió que en el contexto de la polémica causada por el artículo 210 que prohíbe publicidad extranjera, es necesario comprender que, al menos en las plataformas digitales la publicidad es global por naturaleza y ha demostrado ser eficaz en adaptarse a las reglas de cada país.
“No confundamos censura con protección, porque además no toda publicidad es problemática, muchas marcas que operan en México lo hacen a diario sin violar ninguna norma y sin más problema, además de que las plataformas ya tienen herramientas y aplican normativas. En todo caso, propuso “buscar el equilibrio entre regulación y autorregulación” para dar certeza y responder a la velocidad necesaria.
En su oportunidad, el doctor Luis Miguel Martínez, de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico señaló que “no está de más recordar que México se encuentra ante la oportunidad histórica de generar un marco legal flexible, propicio para el futuro digital que brinde certidumbre y reconozca el papel de los pequeños operadores en la reducción de las brechas digitales.
El marco regulatorio debe ser colaborativo, pues “la época de las obras babilónicas ya terminó: hoy se trata de tareas de hormigas” y también debe contemplar un espectro libre, asequible y en condiciones competitivas, con respeto al principio de la neutralidad de la red, que conceda importancia a los beneficios que trae el acceso a los servicios digitales a las vidas de las personas y considere la posibilidad de que haya cobertura con pequeñas potencias en todo el país.
También sugirió que haya órganos de consulta en la ATDT (en diversas materias), evitar asignaciones discrecionales de espectro y cuidar que las radiaciones no ionizantes (que pueden ser un problema serio en el contexto del despliegue de las antenas de 5G), no afecten a la población, en especial a los niños.
Desde el punto de vista de los concesionarios de radio indígena y comunitaria Alejandra Carrillo Olano, coordinadora de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen / Canto de Cenzontles, advirtió que con la legislación actual, “se corre el riesgo de dejar fuera del entorno digital a los concesionarios de radio indígenas”.
Recordó que hoy en día, los mensajes de estos grupos de la población, ya no sólo circulan por radio, sino también por redes sociales, streaming y correos electrónicos, entre otros servicios digitales y por eso “es importante que se incorpore el derecho de los pueblos indígenas a acceder a sus propios servicios con condiciones adecuadas”.
A manera de ejemplo, detalló que la Red a la que ella representa incluye a 70 radios públicas que crean, almacenan y distribuyen información a través de intermediarios digitales que, por supuesto, deben estar regulados.
De hecho, Canto de Cenzontles debe seguir las reglas que las plataformas establecen, pero eso no le garantiza la permanencia a sus contenidos y hay una ausencia de regulación habilitante para los medios indígenas en las plataformas digitales.
Desde la perspectiva de Aida Huerta Barrientos, secretaria de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el sector de las telecomunicaciones seguirá creciendo y por lo tanto también las implicaciones regulatorias que se deben identificar para que desde las respuestas técnicas, se diseñe normatividad que sí se pueda cumplir.
También sugirió que el tema de la compartición de infraestructura, que busca básicamente reducir costos de los servicios, se extienda a los inmuebles y la obra civil, y para ello, la formación de profesionales de las telecomunicaciones, como hace la UNAM, es fundamental.
Sin embargo, advirtió que hasta el tercer trimestre de 2024, de las 14 mil 700 personas que trabajaban en esa especialidad en México, cuyo promedio de edad es de 36.6 años, el 91.8 por ciento eran hombres y el 8.2 por ciento mujeres, según reportes de la Secretaría de Economía.
“Esto tiene que cambiar y las mujeres debemos elevar esta cifra para estar más presentes en el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías en general en el país”.
C$T-GM
