En México hay por lo menos 23 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 16.5 por ciento de la población, quienes requieren verdaderas medidas de accesibilidad, las cuales deben ser consideradas en los lineamientos que deberá emitir la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Katia D’Artigues, presidenta de YoTambién.mx y Comunicación para la Inclusión AC, señaló al Senado de la República, que se esté atento a los lineamientos que en su momento se emiten, para que se usen palabras clave como “garantizar”, en lugar de “promover” u “ordenar” en lugar de “sugerir”, así como dotar de “dientes” a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para la vigilancia y sanción en esta materia.
De manera complementaria, José Agustín Pineda Ventura, ex subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco, señaló que esa instancia es precisamente la adecuada para ejercer la vigilancia y sanción, así como educar a la población para que la accesibilidad para personas con discapacidad se convierta en una realidad.
Entrevistados en el contexto del quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, efectuado en el Senado de la República, ambos coincidieron en que se debe revisar a detalle cómo se plantean los lineamientos, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, población “que sin duda irá en aumento conforme envejezca la población”.
Al respecto, Katia D’Artigues indicó que, de acuerdo con la académica Clara Luz Álvarez, quien ya había planteado en uno de los conversatorios anteriores la necesidad de mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad a los distintos servicios que presta el Estado, Su propuesta es que un plazo de cuatro años, se pueda lograr la accesibilidad completa en todos los servicios digitales del Estado en sus tres niveles, ya sea en páginas de internet o aplicaciones.
Refirió que la organización a su cargo hizo una revisión detallada de los sitios web de los tres poderes de la Unión y de los 32 estados de la República, de lo anterior se desprende que el sitio de la Presidencia de la República alcanza el 51 por ciento de accesibilidad; el Senado, 30.4 por ciento; la Cámara de Diputados, 27.9 por ciento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 63 por ciento.
Los estados con mejor accesibilidad en sus sitios web son Jalisco, con 85 por ciento; Baja California, 78.9 por ciento y Sonora, 78 por ciento; en tanto los peores evaluados fueron Zacatecas, con 48.7 por ciento; Querétaro, 45 por ciento; e Hidalgo, 43.6 por ciento.
Tras referir que, como parte de los conversatorios entregados al Senado de la República la propuesta en el formato “dice y debe decir”, señaló que hay seis medidas que se consideran lo mínimo indispensable que deben contemplar en la Ley y en los Lineamientos y que forman parte de un movimiento llamado #accesoadiscapacidad:
Establecer definiciones claras de accesibilidad, diseño institucional y tecnologías de asistencia; establecer un calendario de cumplimiento de cuatro años para que los sitios oficiales sean realmente accesibles, lo mismo que la televisión abierta y de pago, así como las plataformas digitales.
La obligación de incluir subtítulos y traducción en Lengua de Señas Mexicana de manera simultánea; establecer para que las personas con discapacidad se puedan comunicar y se les informe de emergencias y desastres, incluyendo Centros de Relevo, 911 medidas accesibles y la obligación del Estado de informar de manera clara y en formatos accesibles.
También se pide que la ATDT contemple la accesibilidad a personas con discapacidad dentro de su plan de cobertura social y, como dijo antes, dotar a la Profeco del presupuesto y facultades legales para vigilar y sancionar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
En su oportunidad, José Agustín Pineda Ventura, ex subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco, advirtió que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha insistido en que la vigilancia en el cumplimiento de estos derechos, recaiga en una instancia imparcial, especializada distinta al órgano regulador, como ahora se plantea con la ATDT.
Esto se debe a que la naturaleza de esta instancia es más bien técnica. “Me parece que la Profeco tiene un camino andado en este tema, porque ya se ha encargado de los derechos de los usuarios y cuenta con una organización muy sólida, muy clara, para privilegiar los derechos de las audiencias, sean personas con alguna situación de vulnerabilidad o discapacidad o no”.
Esa Procuraduría ya cuenta con prestigio a nivel nacional, una estructura informática, financiera y administrativa sólida; tiene presencia en todo el país, experiencia para manejar temas de radiodifusión y telecomunicaciones desde el punto de vista de las audiencias y el personal capacitado para atender a personas con discapacidad.
De esta manera, planteó ante los senadores de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Telecomunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, que “no se requeriría inversión extra en personal o instalaciones, sino que simplemente se aprovecharía una estructura ya existente que debería encargarse de tres tareas: verificación y vigilancia; protección de derechos y educación”.
C$T-GM
