Desde el Poder Legislativo se impulsa una iniciativa que busca reformar el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), para establecer cuotas de cobertura social de acceso a internet en 41 mil 779 localidades del país donde habitan alrededor de 8 millones 370 mil personas que enfrentan grados de marginación medio, alto y muy alto.
“Los concesionarios y autorizados deberán prestar el servicio de acceso a Internet con bajo costo en los espacios abiertos, tales como plazas, parques y áreas públicas de uso común para la población en general, en las Zonas de Atención Prioritaria, que para el efecto declare el Ejecutivo Federal, con un grado de marginación, medio, alto y muy alto”, detalla la iniciativa emprendida por la diputada del PRI, Melissa Estefanía Vargas Camacho.
La iniciativa parte de dos premisas: el artículo 6º de la Constitución Política señala que el Estado debe garantizar el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Segundo, la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria en cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social para el año 2021 (publicado el 30 de noviembre de 2020) define mil 565 municipios prioritarios que agrupan 41 mil 779 localidades sin cobertura de acceso al servicio de Internet, con grados de marginación medio, alto y muy alto, y donde habitan 8 millones 370 mil personas.
Vargas Camacho argumentó que los concesionarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones y explotación del espectro radioeléctrico, tienen entre sus obligaciones la de coadyuvar con el gobierno federal en la prestación de los servicios de carácter rural y social.
No obstante, la “autoridad fue omisa”, por lo que es necesario modificar el artículo 146 de la LFTR para imponer a los concesionarios obligaciones de cobertura social y rural, pues la ausencia de este tipo de regulación ha propiciado que los operadores tengan sólo presencia en las zonas donde tienen garantizado la rentabilidad de su negocio.
“Esto inhibió en gran medida que los pequeños concesionarios ampliaran su cobertura para fines de inclusión digital de las poblaciones con menos recursos y sólo se enfocarán a la prestación de sus servicios en las zonas económicamente rentables”, añadió.
La iniciativa que ya fue turnada a la comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, contempla que de las 41 mil 779 localidades deben considerarse como prioritarias aquellas con menos 500 habitantes, es decir, un total de 4 mil 503 localidades prioritarias donde habitan 4 millones 70 mil habitantes.
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