A lo largo de los últimos nueve años, la existencia del IFT ha sido clave para transformar la forma en que las empresas que participan en los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión compiten en mercados cada vez más complejos, pero también ha contribuido a cambiar parte de la realidad que se evidenciaba en cifras anteriores a su creación en 2013: rezagos históricos en términos de penetración de servicios, oferta disponible, precios y calidad.
“Sin echar las campanas al aire ni mucho menos, pues siempre habrá retos nuevos, no podemos dejar de lado lo que se ha logrado hasta el momento. Cuando se pasa de la Cofetel al IFT, éramos un regulador de segunda generación. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha reconocido el avance de México, del IFT, nos convertimos en un regulador G5, de quinta generación”, señala Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia por ausencia del IFT.
Y es que, de acuerdo con el Rastreador regulatorio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la UIT que refiere la evolución del entorno legal y regulatorio, durante 12 años, México tuvo un regulador nivel G2, y fue hasta 2014, es decir, un año después de la reforma constitucional que dio origen al IFT, cuando se alcanzó el nivel G3.
El estatus G4 se hizo realidad en 2015, sólo un par de años después de que se creara el instituto, lo que en palabras de la autoridad internacional, demuestra cómo México mejoró rápida y significativamente su entorno regulatorio una vez que se estableció un regulador independiente y un nuevo marco regulatorio.
“Esto no es menor, quiere decir que el instituto está alineado a las mejores prácticas internacionales en materia de regulación… Esto que se conoce como regulación colaborativa, vale la pena señalarlo porque tiene que ver con lo que afecta directamente el bolsillo de los consumidores y usuarios”, expuso en entrevista con ConsumoTIC.
Es decir, desde 2013 y contrario a lo que ha pasado en la economía en su conjunto que presenta un aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 48 por ciento, en el sector telecomunicaciones se ha registrado una disminución de 28.7 por ciento.
“En 2013, apenas 23 de cada 100 habitantes tenía acceso al Internet Móvil, ese que tenemos en los celulares, y ahora ya estamos hablando que son 86 de cada 100 los que tienen este servicio, entonces creo que hay resultados tangibles… el instituto está beneficiando a la sociedad mexicana, nos debemos al país y ahí están estos resultados de los primeros nueve años”.
De hecho, con el trabajo regulatorio del instituto, se han generado ahorros por 540 mil millones de pesos desde 2013 para las personas usuarias, lo que significa que por cada peso que invierte el IFT para cumplir con su función, genera beneficios por 47 pesos para la población.
Realizar un ejercicio permanente de autocrítica es una de las tareas que impulsa el actual presidente del órgano regulador, por lo que de cara al diseño del Programa Anual de Trabajo 2023, la encomienda es “no pensar que tenemos todas las respuestas”.
Es así que a través de la Coordinación General de Planeación Estratégica se busca conocer la visión de la industria y de la sociedad, detectar cuáles son los proyectos que se consideran prioritarios y trabajar en la definición conjunta de una agenda sectorial lo más robusta posible.
“La idea es que no estemos confeccionando este plan anual de trabajo, pues solamente desde lo que nosotros vemos aquí internamente, yo creo que eso lo debemos de impulsar, va muy en línea con esta consolidación de regulador G5, trabajar con todos los interesados”.
Pero ¿qué rol juega el gobierno y cómo se relaciona el IFT con este actor?
“El gobierno es parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, son nuestros regulados porque tienen concesiones de televisión de radio, concesiones de uso público. Nosotros de manera neutral, sin filias ni fobias siempre vamos a actuar, respetando el Estado de Derecho y manteniendo esas relaciones institucionales que debe haber para el buen funcionamiento del sector”, sostiene Juárez Mojica.
Para el funcionario, una de las fortalezas del IFT es su naturaleza constitucionalmente autónoma que le permite y le obliga a actuar conforme al deber ser, con especialización y basando sus decisiones en su expertise y conocimiento técnico, y no en función de coyunturas políticas o en función de intereses económicos.
“Debemos de mantener esa neutralidad y eso abarca, tanto a los participantes del sector privado como a participantes del sector público. La propia Constitución nos dice que debemos ser coadyuvantes para que se cumplan las metas de desarrollo del país y ese debe de ser el compromiso del Instituto, actuaremos por supuesto de la mano con la sociedad con la industria privada, prestadores de servicios de telecomunicaciones, pero también con todos los entes públicos”.
Para el ejercicio fiscal 2023, el IFT estima un presupuesto necesario de mil 680 millones de pesos, cantidad que en muestra una reducción en términos reales que superaría el 43 por ciento, comparado con su primer presupuesto recibido en 2014.
“En el Instituto estamos muy conscientes, que somos una institución pública y que debemos siempre buscar hacer más con menos, un claro ejemplo de esto lo tenemos en el esquema de teletrabajo que se ha institucionalizado. La liberación de pisos en el edificio Rouz va a representar ahorros anuales por renta, servicios, vigilancia y limpieza, de más de 80 millones de pesos”.
Y en competencia económica, ¿cómo andamos?
“No podemos desconocer lo que se ha avanzado. Pongamos datos duros: en el año 2013, con la creación del IFT, en materia de banda ancha fija, es decir, el internet que llega a nuestros hogares, la participación del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T) a nivel nacional era del 73 por ciento, hoy estamos hablando que su participación es del 42 por ciento”.
En el mercado de la banda ancha móvil, añadió, se tenía hace nueve años una participación del AEP-T de 82 por ciento, nivel que en la actualidad es del 71 por ciento, “y además un dato que viene a complementar esto es que el mercado ha crecido. No sólo es la participación que han ganado los competidores, sino que el mercado es más grande”.
En banda ancha móvil, detalló, se pasó de 27 millones de líneas a 108 millones, de 2013 a la fecha, un comportamiento atribuido a una competencia más intensa que se ha reflejado en una considerable reducción de tarifas al usuario final.
En materia de radiodifusión, donde también existe un AEP, el mercado se ha beneficiado con procesos licitatorios relevantes a nivel local y regional que permiten tener más opciones en medios de comunicación como la televisión y la radio.
“En televisión, la cantidad de canales de programación adicionales que tenemos hoy gracias a todas esta nuevas licitaciones y gracias a la transición a televisión digital terrestre es de más de 950 canales, de hecho ese factor, esa capacidad que había por la televisión digital y por la multiprogramación resultó sumamente relevante para que el país tuviera capacidad de enviar a los estudiantes los contenidos del programa Aprende en Casa”.
Para el funcionario, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han visto una intensificación en la competencia, lo que se complementa con una auto imposición que lleva al regulador a realizar revisiones bienales sobre el impacto que han tenido las medidas establecidas en 2014 en materia de preponderancia.
“Estos ejercicios que se hacen cada dos años, tratan de ir modulando la regulación asimétrica que se estableció, qué ha funcionado, qué requiere reforzamiento, qué ya no tiene mucho sentido mantener y pues el objetivo es que eventualmente haya condiciones de sana competencia en todo el país”.
Pleno incompleto. Controversia constitucional.
El pasado 17 de agosto, el Pleno del IFT conformado por sólo cuatro de siete integrantes, decidió interponer una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la omisión del Ejecutivo Federal de proponer al Senado de la República a las candidatas a Comisionadas, a partir de las listas que le fueron enviadas por el Comité de Evaluación.
“Hemos acudido a la SCJN porque estamos convencidos que ante la omisión del Poder Ejecutivo para nombrar comisionadas que faltan y en las cuales ya están integradas las listas, se siguió todo el proceso que contempla la Constitución, pues de alguna manera se está invadiendo la esfera de atribuciones que la Constitución y las leyes le han otorgado al IFT”.
C$T-GM
