Necesario proteger privacidad de usuarios.
En el periodo 2016-2017, las empresas telefónicas y autorizadas que operan en México recibieron más de 140 mil solicitudes de datos de usuarios y entregaron la información en 97 por ciento de las veces; además, 30 por ciento de las solicitudes provino de autoridades sin facultades o no identificadas, reveló el estudio ¿Quién no defiende tus datos?.
El reporte publicado por la organización R3D da cuenta de los informes remitidos por las concesionarias y autorizadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en los años referidos cuando las empresas estaban obligadas a entregar información estadística sobre requerimientos de autoridades facultadas.
«En poco menos de un tercio de las solicitudes reportadas por empresas de telecomunicaciones dentro de los
informes para los periodos del año 2016 y 2017 no es posible saber qué autoridad fue la que realizó la solicitud. Cuatro de los quince rubros de autoridades que realizaron más solicitudes lo ocupan autoridades indeterminadas».
En abril pasado, el IFT modificó los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia y derogó las obligaciones con las que anteriormente contaban las empresas de telecomunicaciones para transparentar el ejercicio de la vigilancia estipulada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
En opinión de la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, con la derogación de las obligaciones de transparencia, las empresas de telecomunicaciones cuentan aún con menores incentivos para proteger la información de los usuarios,por lo que es posible que la proporción de casos de abuso aumente o se perpetúe.
«La modificación de los lineamientos elimina un valioso recurso para inhibir malas prácticas y no permite al IFT cumplir con sus obligaciones de supervisión y sanción relacionadas con la privacidad de las comunicaciones de las y los usuarios».
En este contexto, R3D considera imperante que se restablezcan las obligaciones de transparencia relacionadas con la colaboración de empresas de telecomunicaciones en materia de seguridad y justicia y se aproveche la oportunidad para diseñar formatos de reporte más claros, que incluyan otras categorías de colaboración, como la intervención de comunicaciones privadas y que se publique en línea en formatos abiertos.
«Las empresas de telecomunicaciones deben continuar produciendo y publicando informes de transparencia relacionados con la colaboración en materia de seguridad y justicia, independientemente de la ausencia de un requerimiento legal para ello».
Además la organización señala que debe contemplarse la formulación de procesos educativos, en los que participen representantes de gobierno, poder judicial, órganos constitucionales autónomos, expertos de la sociedad civil, academia e industria que permitan conocer las mejores prácticas de debida diligencia y transparencia, en la colaboración en materia de seguridad y justicia en aras de mejores procesos para la protección de la privacidad de las y los usuarios de telecomunicaciones.
C$T-GML
