Ladrones enfrentan laxas sanciones.
El robo de teléfonos móviles afecta al 40 por ciento de los ciudadanos y mantiene una tendencia al alza de 35.5 por ciento anual debido a que son fáciles de vender en tianguis, plazas comerciales y casas de empeño; además de que en caso de aprehensión del delincuente, éste puede recuperar su libertad mediante una sanción económica que no supera los 5 mil pesos.
Para frenar ese ilícito que en 2017 acumuló 10 mil 762 denuncias contra 7 mil 160 del año precedente, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a los artículos 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 167 del Código Penal Federal que obliga a los operadores móviles reportar ese delito ante el Ministerio Público (MP) una vez recibido el aviso del usuario.
Asimismo se plantea que las sanciones por robo de dispositivos móviles sean debidamente tipificadas en el Código Penal Federal con cinco años de prisión y multa de hasta 70 mil pesos que podrá aumentar a siete años de prisión y multa de 140 mil pesos, cuando el ilícito se cometa con violencia o el aparato sea utilizado para fines de secuestro o extorsión.
La diputada Alicia Gamboa Ramírez, asentó que con esas reformas se busca reforzar el marco jurídico para prevenir, disuadir y atacar ese delito que representa un daño patrimonial anual de más de 6 mil millones de pesos y que crece exponencialmente ante una falta de legislación que incluya mayores sanciones.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización, 60 por ciento del robo de celulares ocurre en la vía pública o un medio de transporte y en 40 por ciento de esos casos, los delincuentes amagan a la víctima con armas de fuego o punzocortantes, por lo que el delito debe ser considerado como asunto de seguridad pública”.
Gamboa Ramírez dijo que ante la facilidad y mínimas sanciones aplicables al robo de smartphones, la delincuencia ha cambiado de patrón y ahora lo primero que exigen o buscan son ese tipo de aparatos más que las carteras, relojes o tarjetas de crédito.
Un smartphone cuyo valor oscila entre los 12 a 16 mil pesos se puede vender fácilmente en 3 o 4 mil pesos en las plazas tecnológicas comerciales o en las propias casas de empeño a las que no se les ha puesto restricción para aceptar esos aparatos sin factura previa”.
La legisladora señaló que de acuerdo con las reformas, además de tener la obligación de reportar el robo al MP para iniciar la averiguación correspondiente, los operadores móviles deberán en lo inmediato bloquear el número telefónico y darlo de bajo definitivamente, es decir, no podrán asignarlo a un nuevo usuario.
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