Necesario establecer procesos abiertos de licitación.
Tras el anuncio del gobierno de la Ciudad de México de firmar un convenio con Telmex para dos programas de conectividad, el IDET consideró fundamental evitar que este tipo de procedimientos de contratación generen situaciones que puedan afectar la competencia en el sector telecomunicaciones, pues el tamaño y poder de la empresa propiedad de Carlos Slim, puede generar situaciones ventajosas y desplazar a otros jugadores.
En diciembre pasado, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que se acordó con Telmex una renegociación para aumentar la conectividad en espacios públicos, y mejorar las conexiones de las cámaras de vigilancia que existen en la capital, para aumentar su velocidad a 20 megas, con lo cual se logrará en 2019 un ahorro total de 307 millones de pesos.
«Este tipo de contrataciones no deben realizarse mediante la figura de adjudicación directa, esto es, sin que medie un procedimiento de licitación pública, en el que, a través de la concurrencia de los distintos operadores de telecomunicaciones, se garanticen los mejores precios y servicios», indicó el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
Refirió que de acuerdo con el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, el programa Ciudad Segura se ha administrado mediante dos contratos multianuales de servicios, uno vigente entre 2008 y 2011 por un monto de 459 millones de dólares y uno adicional vigente en el periodo 2013-2017, por un total de 4 mil 550 millones de pesos; ambos asignados de forma directa a la empresa de telecomunicaciones fijas del AEP-T.
«Bajo estas consideraciones, se puede inferir que el gobierno de la Ciudad de México no habría celebrado un acuerdo para mejorar las condiciones de contratos vigentes con Telmex, sino que, en los hechos, habría celebrado nuevos convenios con el AEP-T, omitiendo realizar los procedimientos de licitación pública correspondientes».
En opinión del IDET, resulta preocupante que no se recurra a la licitación pública como medio para asegurar las mejores condiciones y costos para proyectos como Ciudad Segura y Ciudad Digital, aunado a que no debe pasar desapercibida la naturaleza de Telmex como AEP-T, sujeto a regulación asimétrica desde 2014 con motivo de su participación predominante en el sector telecomunicaciones.
Con base en ello, añadió, Telmex no goza de libertad tarifaria por lo que no puede acordar tarifas con entes públicos como el gobierno de la Ciudad de México, distintas a las que le hayan sido previamente aprobadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
«Bajo ese tenor, el IDET considera relevante que el IFT se encuentre en constante alerta ante la presencia de las distintas negociaciones realizadas por el AEP-T para dominar también el sector de telecomunicaciones en el rubro de contrataciones públicas, mediante prácticas que impliquen el desplazamiento desleal de sus competidores».
La relevancia de las contrataciones gubernamentales en el sector telecomunicaciones, añadió, hace necesario establecer procesos abiertos de licitación donde las condiciones de competencia sean equilibradas y permitan ofrecer a los gobiernos y por ende a la sociedad, mejores servicios bajo criterios transparentes y abiertos.
C$T-GM