Evitar que se trastoquen derechos constitucionales.
El Senado de la República presentó un punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que con sensibilidad emita su opinión respecto de las reformas aplicadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), con el fin de garantizar que no se trastoquen los Derechos de las Audiencias y el principio constitucional de la libertad de expresión.
En lo particular el exhorto está dirigido a presentar una moción suspensiva y eventual modificación de las reformas aprobadas a la LFTR, el pasado 4 de octubre que sanciona con cinco años de inhabilitación e incautación de bienes a las radios comunitarias que operen sin concesión o que critiquen injusticia o abandono gubernamental de sus comunidades.
Hay decisiones legislativas que tienen impactos naturales en el ámbito de la progresividad de los derechos humanos como es el caso de las radios comunitarias que han sido tema de debate entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gobierno federal, que obliga al análisis e intervención de la CNDH como instancia máxima defensora los derechos humanos”, enfatizó la senadora Ana Gabriela Guevara.
Expresó que con las reformas aprobadas, prácticamente se criminaliza a las radios comunitarias que operan con o sin concesión pues entre los artículos se señala que la sanción será aplicable a toda radiodifusora que hable mal del gobierno o incite a movilizaciones sociales, lo cual vulnera el principio constitucional de libertad de expresión.
Además, subrayó la legisladora, es injusto criminalizar a las radios comunitarias que operan sin concesión cuando la autoridad reguladora demora hasta dos años en atender una solicitud para otorgar una concesión que en la mayoría de los casos es negada bajo el argumento de que no operan en zonas netamente indígenas aunque la comunidad no disponga de otro medio de comunicación electrónica.
El exhorto a la CNDH, lo hacemos en apoyo a la carta publicada por más de 100 organizaciones indígenas en la que solicitan a los legisladores rechazar esa iniciativa, que viola leyes mexicanas e internacionales que garantizan la libertad de expresión y prohíben la incautación de bienes”, señaló.
Ana Gabriela Guevara precisó que en el exhorto también se solicita el análisis de la CNDH, respecto a la modificación a los Lineamientos Sobre los Derechos de las Audiencias aprobados por el legislativo, que faculta a los concesionarios autorregularse acotando las atribuciones del IFT.
Con ello se evita que el IFT garantice que el servicio público de radiodifusión se dé en condiciones de calidad y cobertura lo que es particularmente grave para las comunidades indígenas ya que se afecta el principio de pluralidad y no se les considera, ni se les toma en cuenta.
Deseamos la participación activa de la CNDH en el debate legislativo para dar lugar a las necesarias mociones suspensivas y sobre todo para que en futuras reformas a la LFTR se antepongan siempre los derechos humanos consagrados en la Constitución”.
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