Aunque el personal del extinto IFT decidió levantar el plantón que por más de 40 horas permaneció en las instalaciones de la CRT, aseguran que no aceptarán “las aberraciones jurídicas, contrarias a los principios más elementales del Derecho”, por las cuales dicha autoridad asumió “incumplir acuerdos”.
En un comunicado, integrantes del “Movimiento IFT 133”, explicaron que la decisión de levantar el plantón instalado el pasado 12 de diciembre frente a las instalaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se debe “a la falta de respuesta de las autoridades y para no poner en riesgo a los integrantes de nuestro movimiento, que siempre ejercimos de manera pacífica nuestro derecho a la libre manifestación”.
Esta acción, explicaron, no significa deponer la demanda de ser indemnizados conforme a Derecho y, mucho menos aceptar lo que llamaron “aberraciones jurídicas”, contrarias a los principios más elementales del Derecho, por las cuales la CRT asumió incumplir acuerdos.
Por el contrario, aseguraron que seguirán insistiendo a la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, así como a las autoridades competentes el cumplimiento de sus demandas.
“Lamentamos que Solano Rodríguez y sus colaboradores hayan incumplido su palabra y se nieguen a retomar las mesas de negociación iniciadas el pasado 3 de noviembre”.
Es por ello, que se reservan el derecho de continuar con las manifestaciones, por la vía pacífica, y emprender las acciones legales que corresponden para que sean liquidados a la brevedad, como ocurrió con alrededor de 900 personas trabajadoras que, además de cobrar el seguro de separación individualizado, recibieron la indemnización constitucional por los años de servicio prestados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Si fuese cierta la afirmación de que el pago del seguro de separación individualizado equivale a una doble liquidación, como lo han comunicado en medios informativos, estarían incumpliendo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Ello, por omitir presentar las denuncias correspondientes contra los ex servidores públicos del extinto IFT, por haber autorizado esa supuesta doble liquidación, pues como servidores públicos tienen la obligación de denunciar todas las conductas que implican una responsabilidad administrativa.
C$T-GM
