Los concesionarios que conforman la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM) observan una competencia desleal e incluso operaciones irregulares por parte de los llamados “wisperos”, es decir, empresas que proveen servicios de internet inalámbrico, pero que no siempre garantizan los derechos mínimos de los usuarios.
Desde la perspectiva de esta parte de la industria, que ofrece servicios de televisión restringida y acceso a internet en poblaciones rurales y suburbanas del país, es necesario que se refuercen las medidas de supervisión y verificación de los Proveedores del Servicio de Internet Inalámbrico (WISP, por su siglas en inglés).
Ello, debido a que en diversas localidades existen proveedores que podrían estar actuando en la informalidad, pues en muchos casos no cuentan con oficinas, áreas de recepción de pago e incluso no entregan contratos a sus clientes, lo que deja a la deriva a los consumidores cuando enfrentan algún tipo de problema con el servicio.
En la primera sesión ordinaria de la ATIM, los representantes de las empresas que atienden a más de 580 mil hogares a nivel nacional, expresaron a Javier Juárez Mojica, presidente del IFT y a Pedro Francisco Rangel Magdaleno, subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, su preocupación por el “desorden” que se está generando en el mercado de internet inalámbrico.
Al respecto, el titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) explicó que los WISP son un segmento conformado por empresas que, una vez que solicitaron y obtuvieron una concesión única pueden proveer el servicio por diversos medios de transmisión.
“Los WISP solicitan y pueden obtener una concesión única pero en el proyecto técnico, se dice cuáles son los medios de transmisión si es fibra óptica, cable coaxial o si hacen uso de espectro libre, pero en términos de lo que pueden hacer o no, no tienen limitantes ni diferencias con otros operadores, que también tienen título de concesión”.
Sin embargo, añadió, la problemática que la ATIM identifica puede analizarse desde dos dimensiones: Si una empresa está prestando el servicio y no tiene un título de concesión, es una operación ilegal; o en su caso, si lo tiene, se debe verificar que esté cumpliendo con las cuestiones que le obliga la ley y su título de concesión.
Ante los empresarios, el funcionario dijo que el IFT trabaja cada día en cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que si hay prestadores de servicios que están al margen del marco legal operando sin el título de concesión correspondiente, se procederá conforme al Estado de Derecho.
“Ya se están retomando visitas de verificación en campo y se le está dando el cauce a las denuncias que se presenten, ya sea porque se están prestando servicios sin tener títulos de concesión o porque ustedes consideran que no están cumpliendo con todo el marco jurídico”.
En ese sentido, José Guadalupe Zuno Cuellar, presidente de la Asociación se pronunció por apoyar a las autoridades presentando las denuncias correspondientes sobre aquellos operadores que estén realizando prestación de servicios al margen de la ley o realizando prácticas desleales en contra de los agremiados, que sí están sujetos a una regulación y cumplen con el marco legal.
Juárez Mojica explicó también que el órgano regulador tiene establecido un plan de trabajo para realizar las visitas de verificación de cumplimiento de la industria, es decir, no es posible verificar los más de 2 mil 500 municipios que tiene el país, al mismo tiempo.
“No podría generalizar y decir que todos lo que están prestando algún servicio de este tipo, tienen un título de concesión, de hecho hay denuncias diciendo aquí tenemos un prestador y es ilegal, no tiene un título habilitante para dar los servicios. En el pasado hemos sancionado, lo que dice la ley es que se retiran los equipos en beneficio de la nación y se imponen las multas que marca la ley”.
Al respecto, Pedro Francisco Rangel Magdaleno, subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, dijo que cuando una empresa opera al margen de la ley no garantiza los derechos de los consumidores, por lo que la denuncia de los concesionarios es un elemento fundamental para iniciar los procedimientos correspondientes.
“En este tipo de casos, si nos avisan a través de la asociación, nosotros podemos proceder porque si no tienen un contrato de adhesión registrado, no tendrían que estar prestando el servicio, en ese sentido lo que hacemos nosotros es la verificación y ahí entra la colaboración con la ATIM”.
C$T-GM
