México carece absolutamente de homologación en trámites para el despliegue de infraestructura, ya que ninguno de los 32 estados cuenta con documentación o estrategias en esa materia; además, sólo uno cuenta con un diagnóstico exhaustivo sobre el estado de su madurez digital; únicamente cinco tienen programas de conectividad y seis ya avanzaron una agenda digital estatal; con todo, la media nacional pasó de una calificación de 3.9 puntos en 2023 a 4.5 sobre 10, en este 2024.
Al presentar los resultados del estudio sobre la madurez digital de los estados de la República, en el contexto de la Cumbre para la Industria Totalmente Óptica 2024, Mony de Swaan, experto en telecomunicaciones y socio general de XB Ventures, reconoció la relevancia del anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre la Agencia Digital Nacional, ya que “los estados sin una autoridad central en la materia, tienden a estar rezagados”.
Respecto al índice general en el país, obtenido con este ejercicio donde se revisan todos los presupuestos, leyes, planes de desarrollo, planes sectoriales, reglamentos y otros documentos oficiales de los estados en torno al desarrollo digital, se basa en 10 variables que colocan a México en una calificación promedio de 4.5 sobre 10, que es muy superior al 3.2 que se obtuvo en la primera medición de este tipo, realizada en 2020 y donde “vemos que, por la razón que sea, el país va mejorando”.
Sin embargo, se observan avances dispares y se nota que muchos estados piensan que la transformación digital consiste únicamente en digitalizar los trámites hacia la población, pues para la medición de este año, 31 entidades ya cuentan con digitalización de trámites, aunque hacen falta agendas digitales y autoridades especializadas que las hagan cumplir.
Por otra parte, “las elecciones son veneno para la política digital”, pues se observó que invariablemente, cuando llega al poder un partido distinto al que estaba antes, la agenda y la estrategia digital sencillamente desaparecen y se debe de empezar todo desde cero, como si no se hubiera hecho nada antes.
Entre los resultados importantes de este año, se muestra que 13 entidades presentaron avances respecto a 2023, aunque los estados de la República se encuentran absolutamente reprobados en homologación de trámites de despliegue de infraestructura”.
Asimismo 30 estados ya cuentan con estrategias de datos abiertos y 24 ya tienen una autoridad especializada, lo cual se considera positivo, porque sólo cuando existe una autoridad específica y central, se logran los mejores resultados.
Los 10 aspectos que toma en cuenta esta medición son: diagnóstico; marco jurídico; la existencia de alguna autoridad especializada; agenda digital; si tienen o no una política de infraestructura en telecomunicaciones; la digitalización de trámites y servicios; si existe homologación de trámites; si hay un cluster, laboratorio u otro mecanismo similar en materia de digitalización; si se cuenta con protocolo de datos abiertos y si ofrecen conectividad gratuita.
Hasta ahora, se han localizado sólo cinco programas de conectividad y seis agendas digitales y “el número de estados sin política digital bajó de 55 por ciento a 31 por ciento”. Jalisco es el único estado con una política digital robusta, en tanto Querétaro, Michoacán y Sonora “están a tiempo para alcanzar a Jalisco”.
En esta medición, los seis primeros lugares los obtuvieron Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Sonora, en tanto los estados que mostraron mejoras significativas fueron Nayarit, Tamaulipas y Campeche, y algunos estados que obtuvieron puntuaciones de 2 o menos, fueron Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.
Mony de Swaan señaló que hay pocos estados con agendas digitales, lo cual “es una gran tragedia”, pues si no hay agenda digital estatal en materias importantes como salud, educación o economía, por sólo mencionar algunas, aunque haya fibra, ésta no va a transportar nada más allá de lo que traen las redes sociales.
Y aunque en términos generales la medición resultó mejor que la del año pasado, recomendó superar el miedo a realizar los diagnósticos correspondientes y sobre todo a publicarlos. Además, “hay que diseñar una agenda y ejecutarla, además de contar con un plan de cobertura, pero si todo esto no tiene como beneficiario final al ciudadano, no sirve de nada”.
C$T-GM
