La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) hizo un llamado al Congreso para evitar que a partir de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, se configure un operador estatal que compita en el mercado minorista bajo condiciones privilegiadas y sin los controles tradicionales a los que, en materia de competencia, se encuentran todos los operadores del sector.
De cara a la serie de conversatorios que el Senado de la República iniciará esta semana sobre la iniciativa de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la organización sostuvo que el diseño institucional de un mercado de telecomunicaciones moderno debe garantizar condiciones de competencia funcional, sostenibilidad del ecosistema privado e incentivos claros para la innovación y la inversión.
“La inclusión del Estado como operador móvil en el mercado minorista genera una distorsión significativa en el entorno competitivo, al introducir un actor con ventajas estructurales y condiciones operativas no equiparables con las de los participantes privados”.
La coexistencia entre un Estado regulador y un Estado competidor compromete la neutralidad operativa, crea incentivos adversos para la inversión privada y mina la confianza en las reglas del mercado, opinan las empresas que conforman la asociación presidida por Rocío Villanueva Cordero.
“Estas condiciones desincentivan el ingreso de nuevos participantes, reducen la diversidad de ofertas y pueden provocar el desplazamiento de operadores más pequeños, como los OMV”.
La AMOMVAC refirió que los 130 Operadores Móviles Virtuales (OMVs) que trabajan en México y que en conjunto representan el tercer operador móvil del país después de Telcel y AT&T al sumar 13 millones de suscriptores, han sido pieza clave en la diversificación del sector móvil.
El modelo de negocio de estos operadores permite la atención de segmentos específicos de la población que tradicionalmente han sido subatendidos por los operadores con red y han demostrado ser eficaces en incrementar la cobertura mediante soluciones flexibles y de bajo costo, impulsar la competencia en precios y modelos de servicio, así como en promover la innovación digital con esquemas de atención diferenciada.
Sin embargo, apunta a la asociación, el modelo OMV opera con márgenes acotados y altos niveles de dependencia técnica e impuestos comerciales por quien arrienda la capacidad (ya sea Altán, Telcel o AT&T).
En este contexto, advierte que cualquier intervención estatal que altere las condiciones del mercado —ya sea mediante subsidios, acceso privilegiado a infraestructura o condiciones de operaciones excepcionales— genera un riesgo real de exclusión y desplazamiento de estos actores.
Para los OMV, la reforma en curso representa una oportunidad para fortalecer un ecosistema competitivo e inclusivo, pero para lograrlo es fundamental:
- Preservar un entorno regulatorio claro, estable y predecible, que ofrezca certeza a los operadores actuales y a los potenciales nuevos entrantes.
- Asegurar un acceso mayorista justo, transparente y no discriminatorio a redes e infraestructura para los OMV.
- Evitar el uso de mecanismos estatales que, bajo el argumento de cobertura, comprometen la viabilidad de actores privados a largo plazo.
- Establecer un mecanismo transparente, eficiente y ágil que atienda las denuncias que puedan desprenderse de prácticas de desplazamiento.
“El rol del Estado debe centrarse en habilitar condiciones para la competencia efectiva y la expansión de cobertura mediante incentivos adecuados, alianzas estratégicas y esquemas de coinversión, no mediante una participación directa que altere las reglas del mercado”.
C$T-GM
