Desde autoridades municipales que desconocen el tema, o pretenden usarlo para obtener recursos económicos a partir de criterios inexistentes en la ley, hasta ejidatarios, habitantes de clubes de golf renuentes o incluso la presencia del crimen organizado, todo ello forma parte de las barreras que debe enfrentar el despliegue de infraestructura digital a niveles locales, donde “puede haber hasta 2 mil 500 ocurrencias, en lugar de una sola”.
En la mesa titulada “Obstáculos al despliegue de infraestructura digital”, como parte del “Foro para el desarrollo digital desde lo local”, especialistas de distintos ámbitos coincidieron en que hace falta una sola regulación que todos los actores estén obligados a seguir, porque colocar infraestructura permite habilitar derechos y mejorar el desarrollo de las comunidades a nivel municipal.
En el encuentro realizado en las instalaciones del IFT, Gonzalo Martínez Pous, vicepresidente jurídico de Canieti, sostuvo que resulta un “verdadero viacrucis para los operadores porque en el mundo real, enfrentan a autoridades locales que se les ocurre cobrar algún permiso al que no tienen derecho, o imponer algún derecho que tampoco pueden cobrar legalmente”.
Sofía Pérez Gasque directora de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), explicó que “ahora en la Asociación estamos viendo desde lo local a lo nacional, porque si bien hay retos jurídicos, los más importantes son los ciudadanos, porque son quienes pueden o no permitir que pongamos una torre o el de al lado ponga una oficina o desarrolle un proyecto de inversión en los estados”.
“Las necesidades vienen desde lo local; no podemos entender México como un todo, ni siquiera un todo constituido de 32 partes, sino mil partes, y por eso creemos que debemos poner al centro lo local para incidir en lo nacional y potencializar las regiones”.
En la misma línea, Claudina García Allende, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad para América Latina de American Tower México, dijo que ante los múltiples riesgos locales para el despliegue que pasan por barreras regulatorias, operativas, hasta de clima e inseguridad, “nosotros buscamos cómo colaborar con las autoridades municipales”.
Por lo general sólo se pedían los permisos y si los otorgaban, se hacía el despliegue, pero difícilmente “nos sentábamos con las autoridades o incluso con las comunidades, para hablar de los beneficios que traerá la conectividad y ese modelo de colaboración implica una disminución considerable de tiempos para los permisos”, sin perder de vista que México es un país que no tiene homologadas las reglas a nivel municipal.
Menos optimista, Gonzalo Martínez Pous señaló que a pesar de que está clara la legislación que habilita a las autoridades federales como las únicas capaces de reglamentar el despliegue de infraestructura digital, “muchas autoridades locales creen que tienen facultad reglamentaria para otorgar permisos, exigir derechos o cobrar cuotas a esta actividad económica relevante y estratégica”.
“Debemos entender que si se vuelve un viacrucis a nivel local hacer despliegues de infraestructura, es por los requisitos que imponen los municipios y que están más allá de la legislación”, aunque “quienes hemos estado acostumbrados a tratar con comunidades rurales lo sabemos y lo mismo pasa en un club de golf: quieren conectividad, pero no quieren una antena”.
Y enlistó otras dificultades, como la corrupción, donde abogados de las empresas deben pasar largo tiempo para liberar a operadores detenidos por policías locales o bien donde “algunos municipios han llegado al extremo de que cuando no se les paga lo que pretenden, han cortado las comunicaciones”, aunque eso sea un delito federal que se puede denunciar.
Aunado a ello, recordó que la inseguridad es un problema: “hay municipios a donde no podemos entrar; donde secuestran a los los trabajadores y no se puede instalar o reparar nada si no lo quieren ellos”, sin olvidar que en casos tan extremos como la rehabilitación de infraestructura en tiempos del Covid y luego del huracán en Acapulco, había que pedir un oficio a las autoridades para que las cuadrillas pudieran trabajar. “Eso es tan ridículo, como pedir un oficio para que los médicos puedan atender a un herido”.
En su oportunidad, Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), coincidió en que la inseguridad es un tema importante: “hay equipos del crimen organizado conectados a redes y nosotros realizamos encuestas cada 18 meses donde los operadores aportan datos que son muy delicados por los problemas que implican y de hecho no hablamos mucho de ellos, pero sí son importantes”.
Además, el sistema financiero y fiscal no es el más eficiente: se paga una barbaridad por el espectro: 15 mil millones de pesos anuales y se desconoce el destino de esos recursos; por eso, cuando un operador llega a un municipio de poco desarrollo, las autoridades locales piensan: “a ver tú, gigante mundial de las telecomunicaciones, ya que pagas tanto en espectro y yo que tengo tantas necesidades, págame a mí municipio para mi beneficio”, aunque mucho de lo que piden es abierta corrupción.
Por otro lado, por más que se trate de ver el tema con otros actores, como el Congreso o bien que el IFT cuestione también el altísimo cobro de derechos y haga llamados a disminuirlos, “la verdad hay una sola ventanilla y se llama Secretaría de Hacienda”, que simplemente mantiene estos costos elevadísimos.
C$T-GM
