En los términos en los que está redactada la iniciativa de Ley Telecom que analiza el Senado de la República, es violatoria del T-MEC, pues establece preceptos que contravienen principios básicos de neutralidad competitiva, propone el otorgamiento de concesiones comerciales al Ejecutivo para que compita directamente en el mercado minorista con los particulares en condiciones preferenciales y bajo un régimen regulatorio de excepción.
“Un operador en estas condiciones obtendría descuentos en costo de espectro, acceso a presupuestos, bienes públicos, en fin, características de las que no gozarían sus competidores en el mercado”, sostuvo Guillermo Bernal del Valle, director de Asuntos Públicos de la Cámara Americana de Comercio (Amcham) México.
Al participar en el primer conversatorio sobre la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, subrayó que en la antesala del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), existe la oportunidad histórica para construir un marco regulatorio moderno que, lejos de ser un irritante, se convierta en una palanca poderosa para encaminar las negociaciones a buen puerto.
“En un sector altamente concentrado, como recientemente terminó el estudio de barreras de comercio de la USTR, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, es urgente impulsar cambios regulatorios que fomenten la competencia”.
Recordó que en este acuerdo existen disposiciones específicas en el capítulo 18 de Telecomunicaciones que comprometen a los Estados a la imparcialidad en las decisiones y asignación de recursos, especialmente tratándose de empresas de propiedad del Estado.
Bernal del Valle refirió que la iniciativa también prevé la adjudicación directa de concesiones de espectro radioeléctrico a entidades del Ejecutivo sin contraprestación, tema que está claramente establecido en el artículo 28 constitucional, que señala que las concesiones del espectro deben ser otorgadas mediante licitación pública.
“Pero además en el T-MEC, en el artículo 18.21, se señala que cuando se atribuye al espectro para servicios de telecomunicaciones comerciales, cada parte procurará contar con un proceso abierto y transparente que considere interés público, incluida la promoción de la competencia”.
El representante de la organización subrayó que la iniciativa propone un régimen de exclusión para el Estado cuando opera como concesionario comercial, lo cual se contrapone con tratados de inversión celebrados con más de 30 países como el ya citado T-MEC, pero también el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), establece que las empresas del Estado deben competir en igualdad de circunstancias cuando realizan actividades comerciales.
Además de dejar en manos del Senado un documento con propuestas puntuales para asegurar que la iniciativa no se contraponga a los compromisos internacionales que tiene México, el ejecutivo citó algunos puntos de preocupación:
“El marco regulatorio propuesto otorga a la nueva agencia facultades para interpretar la ley con efectos vinculantes. Este enfoque contradice el principio constitucional de división de poderes, según el cual la interpretación de la ley con efectos jurídicos corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Delegar esta función a una autoridad administrativa debilita el equilibrio institucional y genera incertidumbre jurídica para los actores regulados”.
Otro tema problemático es la amplia definición de plataformas digitales que equipara incorrectamente a estos jugadores del ecosistema con operadores de telecomunicaciones cuando se trata de actores distintos.
“Los operadores controlan infraestructura física, mientras que las plataformas ofrecen servicios en la capa Internet. Esta confusión podría generar conflictos competenciales entre autoridades y conflictos de leyes, ya que muchas plataformas se encuentran sujetas a regulaciones específicas en materias como protección de datos o competencia”.
Desde la perspectiva de la Amcham, los transitorios que plantean la iniciativa de ley tiene riesgos aspectos como el artículo que plantea la entrada en vigor de la nueva ley en 30 días, en lugar de los 180 días previstos en la reforma constitucional reciente.
Además, dijo, se contempla la suspensión generalizada de trámites por 60 días hábiles, lo que afectaría a la homologación y comercialización de bienes que son importados y exportados, como celulares, routers, dispositivos con Wi-Fi o conexión de Bluetooth.
“Coincidimos plenamente en que el acceso universal a servicios digitales, la inclusión tecnológica y la gestión eficiente del espectro radioeléctrico deben ser prioridades nacionales para cerrar brechas estructurales. Las propuestas de Amcham buscan asegurar que un entorno regulatorio moderno, predecible y sobre todo compatible con los tratados internacionales vigentes sea el resultado final de este ejercicio conjunto de construcción de un marco regulatorio”.
Respecto a los artículos de la iniciativa de ley a discusión que contravienen las disposiciones del T-MEC, citó los artículos 15, 24, 35, 57 y 58, porque atentan contra condiciones de competencia y neutralidad en la red.
En su turno, Miguel Calderón Lelo de Larrea, presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara Internacional de Comercio de México (ICC México), advirtió que en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se observan artículos que pueden implicar las violaciones constitucionales, eliminan la obligación de hacer consultas sobre disposiciones reglamentarias futuras, como era obligación del IFT en su momento; ponen en duda la seguridad jurídica y la justicia para los ciudadanos y hasta contravienen el T-MEC.
Además, advirtió que se debe de revisar con mucho cuidado también la Ley de Competencia en paralelo a la de telecomunicaciones. “Si no queremos terminar en un litigio gigantesco, debemos garantizar que ambas leyes sean armónicas”, advirtió.
En su momento, Cindy Rayo, directora regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), señaló varios temas de preocupación respecto al articulado del nuevo marco legal a discusión que deben ser ajustados.
Por ejemplo el artículo 57 que “en los términos planteados podrían alterar sustancialmente las condiciones de neutralidad”, o bien la necesidad de preservar el principio de neutralidad competitiva previsto en el artículo 4 y 141 de la ley de telecomunicaciones vigente.
“Desde ASIET proponemos preservar la licitación pública como un mecanismo obligatorio para la asignación de espectro. Incluso cuando se tratan de proyectos con objetivos sociales, las dependencias o entidades del Ejecutivo no requieren una concesión comercial para cumplir con esas metas de cobertura universal”.
Dijo estar convencido de que un marco regulatorio moderno, equilibrado y tecnológicamente neutral, puede detonar la inversión, cerrar brechas digitales y acelerar la cobertura universal. “Queremos sumar nuestra experiencia regional para construir una nueva ley que fortalezca el ecosistema digital y beneficie a todos y todos los mexicanos”.
Desde el punto de vista de la academia, la politóloga, articulista y académica Denise Dresser Guerra, dijo que “lo bueno que pueda tener la ley –que sin duda tiene cosas buenas—palidece ante lo malo. Ofrece un modelo de estatización tipo 1970, que tira 10 años de avance y que responde a un viejo modelo priísta de control y censura disfrazado. Lo que antes fue la Ley Televisa, ahora es la Ley Mordaza dos o la ley Sheinbaum”, advirtió.
En los términos como viene redactada la Ley cuyo dictamen está a discusión, promueve una competencia desleal, incluye la consolidación de medios públicos de una manera ineficiente, implica violaciones a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano, en particular con el T-MEC, pero “el tema es que ahorita gobiernan ustedes (en referencia al partido Morena), pero ¿que tal que dejan de gobernar?”
C$T-GM
