En muchos países de América Latina existe un divorcio entre la norma constitucional, que considera a las telecomunicaciones como un derecho humano y las políticas de asignación de espectro, que han privilegiado los altos costos para que el Estado recaude ingresos, en lugar de promover la inclusión y la conectividad universal, advirtió Adriana Labardini coordinadora de políticas públicas y regulación para América Latina de Rhizomatica.
“Esta poesía constitucional de: ‘usemos el espectro para maximizar el bienestar social, para conectar a todos, para habilitar el ejercicio de derechos y para estimular las economías locales y nacionales’, (suena bien), pero después esas propuestas de derechos humanos resulta que están totalmente divorciadas de la práctica administrativa de cómo voy a asignar el espectro”, destacó la especialista al participar en el Foro Virtual 2024: Espectro radioeléctrico y la ruta hacia 5G y otras tecnologías.
Explicó que es bien conocido que las tecnologías digitales son un motor de la economía y habilitadoras de derechos en comercio, educación, salud y gobierno y tanto es así, que “en múltiples países de Centro y Sudamérica, hay sendas disposiciones constitucionales y legales que enfatizan el carácter esencial de estos servicios, que declaran incluso un derecho humano el acceso al internet”, como en el caso de México.
Sin embargo, las políticas en materia de distribución del espectro, no corresponden con estos ideales, porque los Estados privilegian la obtención de recursos en lugar de promover políticas públicas de inclusión y prefieren incluso “crear una escasez artificial del espectro en lugares donde no es escaso, pero que yo Estado, igualmente lo cobro, maximizo los ingresos y lo demás se lo dejo al mercado”.
Para la especialista de Rhizomatica, organización sin fines de lucro que promueve modelos locales de conectividad, con el avance de la tecnología que permite entre otras cosas, la compartición dinámica del espectro, “sí sorprende que sigamos aplicando modelos de asignación en parcelas de espectro exclusivas a 20 o 30 años”, con alcance nacional, pero que en realidad no se usa con tales alcances, pues el Estado no exige su uso efectivo.
El Estado obtiene recursos sin privilegiar la inclusión y la conectividad y con ello se permite que el desarrollo se realice sólo en aquellos lugares donde es rentable, dejando inutilizado mucho del espectro en regiones o localidades de bajos ingresos y donde el costo de despliegue es alto.
Advirtió que el alto costo del espectro radioeléctrico que ha acompañado a muchas de las subastas que se han realizado en las últimas décadas, ha demostrado que no resuelve el tema de la inclusión y la conectividad.
“Décadas después de que economistas y reguladores creían fielmente y al 100 por ciento que el mercado era la forma más eficiente de asignar el espectro, fuimos viendo que no era así, porque hasta los operadores de escala global han visto muy mermado su plan de negocios”.
Esto se debe a que pagan sumas altísimas, ya sea por la subasta o por derechos por el uso anual y entonces se inhibieron en el despliegue, en la inversión de capital para expandir sus redes o mejorarlas hacia redes 4G o 5G y en otros casos, los participantes en subastas hacían pujas tan altas, que después ya no tenían recursos para invertir en las redes mismas.
“Pagaron un espectro a precios multimillonarios que después los llevaba a la quiebra o les impedía desplegar redes y sólo se limitaban a hacerlo en las ciudades más grandes, dejando fuera todo lo demás y sin obligaciones de compartir el espectro o que incluso que el Estado pudiera recuperarlo si no está siendo utilizado”.
Y ahora, 30 años después del boom por las subastas, se observa que éstas son demasiado caras y en lugar de estimular la participación de pequeños, medianos y grandes operadores en distintas escalas y con distintos hándicaps, se ha visto que sólo pueden tener acceso los grandes y más poderosos operadores, lo cual ha inhibido la competencia.
“Si lo que querían era competencia, tampoco se ha logrado en muchos de los casos y en otros, aun participando dos, tres o cuatro operadores globales, luego no desplegaban, y la penetración y cobertura si bien han aumentado a través de tres décadas, todavía hay grandes retos y grandes áreas rurales que faltan por conectar”.
En ese sentido, la especialista consideró que es hora de revisar los modelos, para que las políticas de asignación de espectro no se basen en criterios económicos, sino que se ajusten más al ideal constitucional de que el acceso a las telecomunicaciones y el internet son derechos humanos.
C$T-GM
