Canieti ha instado a la SHCP a reconsiderar la derogación de la normatividad vigente
El desarrollo de las redes de telecomunicaciones y la gestación de competencia efectiva en el sector mexicano estarían en riesgo de aprobarse en el Congreso de la Unión, la derogación de la fracción XI del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, a partir de la cual la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determinaría la contraprestación por el uso y acceso a la infraestructura de la CFE.
Esta iniciativa, prevista dentro del paquete económico para 2017, abriría la posibilidad de que el organismo elevara desproporcional e injustificadamente el cobro por el uso de postes, ductos y registros de la Comisión, insumos esenciales para los concesionarios que buscan el despliegue de una red de telecomunicaciones en el país.
La eliminación de la fracción “estaría abriendo la posibilidad para el establecimiento de un monto sin sustento y constitucionalmente cuestionable, que tendría como posible consecuencia un aumento significativo en el costo lo que, sin duda alguna, volvería mucho más complejo el despliegue de infraestructura para todos los operadores de telecomunicaciones, esto, en detrimento del consumidor final”, aseguró al respecto Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
De acuerdo con el especialista, esta propuesta afectaría tanto a los operadores competidores del operador preponderante, Teléfonos de México (Telmex), que dependen de la instalación física del cableado para llevar a cabo sus labores; como a los consumidores, quienes tendrían que pagar más por los servicios contratados.
Consideró que esta iniciativa contravine además el mandato constitucional que dicta garantizar a los mexicanos una prestación de servicios de telecomunicaciones donde se fomente la competencia, la calidad y la cobertura.
Ante el retroceso, miembros de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) ya han mostrado su preocupación y han instado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reconsiderar la derogación.
Desde 2014 y hasta el momento en México, la Ley Federal de Derechos en el artículo y fracción especificados ha posibilitado que los operadores de televisión restringida por cable y de servicios de telefonía y banda ancha utilicen la infraestructura pasiva (820 mil kilómetros) existente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo precio por poste es de 69.56 pesos al año; costo menor a la oferta de las instalaciones de Telmex.
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