Dos mil 400 municipios emiten criterios distintos.
Las exigencias de asociaciones y operadores del sector telecomunicaciones en torno a las barreras que identifican para el despliegue de infraestructura por parte de estados y municipios, así como los precios del espectro que consideran caros, son temas que no «deben echarse en saco roto» e incluirse en el Plan Anual de Trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Enfrentar legislaciones y criterios diversos en 2 mil 400 municipios del país, representa un obstáculo que además de inhibir inversiones y el despliegue de infraestructura, es desconocer el grave daño que se causa al desarrollo de la población a la que se le impide tener acceso a servicios de telecomunicaciones, aseguró Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT.
El funcionario explicó que previó a su cargo como comisionado, en su desempeño como titular de la Unidad de Política Regulatoria se dio a la tarea junto con su equipo de trabajo de medir la correlación que hay entre el Índice de Desarrollo Humano (que integra educación, salud e ingreso económico) y el Índice de Desarrollo de Telecomunicaciones, construido a partir del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del IFT que mide la penetración de servicios de telefonía fija, móvil y acceso a internet.
«Lo que vimos es que la gente que tiene un mejor desarrollo de telecomunicaciones, está en la parte más alta del Índice de Desarrollo Humano, y los que están en la parte más baja de Desarrollo Humano, son también los que están en el nivel más bajo del Índice de Desarrollo en Telecomunicaciones».
Por ello, las autoridades locales deben considerar que el desarrollo de la población será mucho más acelerado en la medida que tengan acceso a las nuevas tecnologías y cómo al mismo tiempo las carencias en educación, salud e ingreso pueden mejorarse con el apoyo de un mayor uso tecnológico.
«Es vital que las autoridades locales reconozcan que si no hay despliegue de redes, no se pueden prestar servicios de telecomunicaciones, si no se puede instalar una antena de nada sirve que los operadores tengan espectro, la infraestructura es la base de todo, por ello todo lo que abone a su despliegue es bueno».
Refirió que organismos como la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la GSMA han denunciado lo tardado que puede ser obtener un permiso para el despliegue de fibra óptica o instalar una torre, y cómo pese a la cercanía de algunos municipios, cada uno exige trámites distintos para el desarrollo de un mismo proyecto, lo que encarece costos de operación y tiempos de construcción.
El comisionado dijo desconocer si los convenios que desde el año pasado realiza la subsecretaría de Comunicaciones de la SCT con gobiernos estatales y municipales para favorecer el uso de inmuebles públicos para el despliegue de infraestructura, han logrado resolver la problemática presentada por la Anatel, la GSMA y operadores de telecomunicaciones.
La parte legal, precisó está en el campo de la SCT y sobre todo en el ámbito estatal y municipal que tienen autonomía y libertad para fijar la regulación relacionada con el despliegue de infraestructura y el costo de trámites y permisos.
Sin embargo, si el IFT en su papel de regulador del sector identificara elementos que afecten la competencia económica, «tal vez ahí», se pudieran hacer recomendaciones a estados y municipios para que homologaran sus procesos de trámites y permisos e incurrieran en mejores prácticas internacionales.
«Si partimos que nuestra obligación constitucional es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, incluso aunque no lo solicitaran los operadores, ese ejercicio podría hacerse de oficio considerando que sería un tema importante para el desarrollo del sector», y ser integrada en la agenda del Plan Anual de Trabajo.
Explicó que al igual que sucede en España los propios municipios podrían construir sus propios ductos para fibra óptica y rentarlos a los operadores de telecomunicaciones, una alternativa viable si se considera que el 75 por ciento de los costos de desplegar una red están relacionados con este tipo de obra civil.
«Sería un esquema de ganar-ganar; si un operador no tiene que gastar ese 75 por ciento en obra civil, y además el municipio va a tener un ingreso mensual porque va a rentar los ductos para que pase la fibra óptica y se despliega mucho más rápido, pues no será lo mismo llegar y meterla por el ducto que construir uno nuevo».
En opinión del comisionado, es fundamental explorar casos exitosos de otros países pues a nivel mundial el despliegue de infraestructura es un tema de preocupación frente a los altos requerimientos que exigirán las redes de próxima generación (5G).
Análisis sobre precio del espectro.
En los últimos días de mayo o los primeros días de junio próximo, el IFT lanzará una convocatoria para que a través de una licitación, una consultora presente al IFT un análisis detallado de la cotización del espectro en el mercado global y cuáles son los elementos que se deben contemplar para fijar el precio más competitivo en el mercado interno.
Aunque el IFT no tiene facultades para fijar el precio del espectro, un activo finito y esencial para el despliegue de mayor conectividad, este estudio será presentado al Congreso para que esta instancia haga las recomendaciones pertinentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fije un precio más competitivo que incentive al sector de telecomunicaciones.
C$T-EVP