Persiste concentración fuera de comparativo global.
De cara a la segunda revisión de las medidas de preponderancia, la compañía de servicios de telecomunicaciones, AT&T, juzga oportuno realizar una profunda revisión del alcance de la ley asimétrica ejercida contra el Agente Económico Preponderante (AEP) ya que los resultados obtenidos hasta el momento muestran en forma tangible que han resultado insuficientes para garantizar una efectiva competencia en el campo de las telecomunicaciones.
«No hay dedo que pueda tapar el sol; así es la concentración que sigue siendo importantísima en estos mercados y fuera de todo comparativo internacional, y lo que se espera en esta segunda revisión es que se haga, no con el foco principal en las empresas, sino en el foco principal de los consumidores», sostuvo Mónica Aspe Bernal, Vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T.
Reunida con los medios de comunicación, precisó que la experiencia ha mostrado que bajo un terreno de regulación adecuada, el flujo de inversiones crece sustancialmente, lo cual explica cómo en los tres últimos años la empresa ha mostrado en los hechos el compromiso que tiene con México; desde 2015 inició fuertes inversiones, primero se ejercieron 4.4 mil millones de dólares en la compra de dos empresas (Iusacell y Unefon) y luego más de 3 mil millones de dólares en el despliegue de infraestructura.
«Creemos que es momento de iniciar la revisión de cuales son las condiciones que han permitido las inversiones (de AT&T) y qué vemos hacia el futuro; seguimos claramente comprometidos con México, tal como lo ha mostrado la empresa en su reciente participación en la Licitación de la banda de 2.5 GHz», precisó.
La directiva precisó que cercana la fecha de la segunda revisión de las medidas de preponderancia aplicadas a la operadora América Móvil (BMV: AMX) es momento para reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el mercado y lo que vemos en el futuro, sobre todo con la decisión de invertir en México desde la llegada de AT&T al mercado doméstico.
«Esta es una forma de decir, aquí estamos para invertir, para cambiar este mercado, para generar mejores condiciones para los consumidores, para innovar en productos y servicios en el mercado mexicano».
Recordó cómo con la reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, el IFT ejerció leyes asimétricas reconociendo el derecho de los usuarios al acceso de las tecnologías, como algo fundamental, y cómo la concentración excesiva estaba en contra de que más personas gozaran del beneficio del acceso a utilizar la tecnología.
Para Aspe Bernal es imprescindible recordar que en la primera revisión de las leyes asimétricas (2016) contra la preponderancia, el IFT reconoció que la concentración excesiva (de AMX) hacía necesario ejercer medidas adicionales como la Separación Funcional, así como la replicabilidad y equivalencia de los insumos que deberían garantizar Telmex y Telnor.
Adelantó que AT&T participará en la consulta que el IFT seguramente convocará para esta segunda revisión, y donde puntualizará cuáles son las medidas que desde su perspectiva son necesarias para concretar un campo de competencia efectiva, «pero lo que ya tenemos muy claro, es que no es la continuidad, sino el fortalecimiento de una ley asimétrica.
Cuestionada sobre cómo abonaría la Separación Funcional a una mejor competencia en el mercado de las telecomunicaciones, indicó que aún no se puede medir esta decisión pues no se ha ejercido, lo cierto es que creemos que es «necesario apretar un poco más e ir más allá».
Insistió en que el foco del regulador para medir la eficiencia de las medidas asimétricas adoptadas debe estar en el consumidor, no en la empresa, porque cuando se mide desde la perspectiva del derecho constitucional de los consumidores a tener acceso a la conectividad y uso de nuevas tecnologías, a partir de esa premisa, el «foco cambia mucho», pues se advierte que la concentración y la preponderancia no abona a estos preceptos.
La ejecutiva concluyó tras precisar que frente a la Cuarta Revolución Tecnológica, resulta inviable pensar en el largo plazo; para el consumidor es imprescindible gozar desde este mismo momento de su derecho constitucional al acceso a la tecnología, no esperar periodos largos de 10 o 15 años que le llevaría a la actual regulación alcanzar el terreno parejo para los operadores de telecomunicaciones.
C$T-EVP
