Aunque la puesta en operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) quedó en el pasado gracias a la presión ejercida desde diversas trincheras, es importante no perder de vista una lamentable realidad: La extorsión es el segundo delito del fuero local más recurrente en el país, la modalidad telefónica es la más usada y su ejecución efectiva representa para la delincuencia un beneficio económico superior a los 12 mil millones de pesos al año. ¿Qué sigue entonces?
“La creación del Panaut planteaba una falsa dicotomía, es decir, si la ciudadanía quiere seguridad, es necesario imponer una medida invasiva a la intimidad, a la privacidad y que además impone barreras a la conectividad. Esto es inaceptable. Para tener seguridad no se deben sacrificar los derechos humanos”, asegura Michel Hernández, director General de Observatel.
Y es que en mayo de 2021, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, defendía con vehemencia la creación de una nueva versión de un registro de celulares y ante la pregunta sobre la evidencia de su efectividad, aseguraba que la única forma de saberlo era poniéndolo en práctica.
En su momento, el funcionario aseguró que “la mayoría” de las llamadas relacionadas con delitos de extorsión y secuestro no son realizadas desde los centros de readaptación, sino desde “la vía pública, en casas”, como consecuencia de que las tarjetas SIM “se distribuyen como barajitas entre los delincuentes”.
“Esperaría que a partir de esto se replantee la estrategia de seguridad, si hay un problema como dice el subsecretario Mejía en el tema de los chips, pues se tiene que encontrar una alternativa que no sea restrictiva de derechos humanos y que le permita al gobierno combatir los delitos”, opina Michel Hernández.
Sin embargo, para pensar en una estrategia de seguridad realmente eficiente es necesario evitar “salidas fáciles” como la que representó el Panaut. “Hay países donde la compra de chips se da incluso en máquinas expendedoras, como comprar un refresco, y no tienen el nivel de inseguridad que tenemos aquí”.
Por ello, es que una vez pasada la hoja del Panaut, es fundamental replantear la estrategia de seguridad y pensar que cualquier mecanismo y herramienta que se diseñe tiene que ser respetuosa de los derechos humanos, y por supuesto, no representar un bloqueo a la conectividad de las personas.
“El problema es que muchas veces las autoridades no se dejan ayudar, y lo vimos con esta medida. Especialistas, las empresas, las ONGs y académicos acudieron al parlamento abierto a señalar que era una medida excesiva y que no iba a resolver nada y no se escuchó”.
Si realmente se busca enfrentar a la delincuencia que, dicho sea de paso, tiene muy claro el potencial de las telecomunicaciones para ejecutar actividades ilícitas con el mayor grado de impunidad, es necesario que tanto el gobierno federal como las autoridades locales entiendan cómo opera la delincuencia en la era digital.
“Me parece destacable que incluso durante las discusiones de la Suprema Corte, no uno sino varios ministros coincidieron en que pensar en un registro de usuarios de telefonía va a servir para resolver el problema de delitos e inseguridad, es no entender cómo opera la delincuencia y menos aún cómo funciona la tecnología”.
En 2021, cuando se analizaba en el Senado de la República la iniciativa legislativa que planteaba la creación del Panaut, la industria móvil puso sobre la mesa alternativas, como por ejemplo usar la información proveniente de las denuncias recibidas a través del número de denuncia anónima, 089, para identificar con precisión las líneas desde las cuales se realizan llamadas de extorsión.
Incluso, esta propuesta fue bien vista por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues desde el año 2016 se mandató la adopción de un único número armonizado a nivel nacional para la recepción de llamadas de emergencia, que es el 911 y en esos mismos lineamientos el órgano regulador identificó la necesidad de eliminar el cúmulo de marcaciones cortas o de códigos cortos para denunciar y únicamente prevaleció, a parte del 911, el 089.
Este número, es clave en materia de seguridad pública, pues es bien sabido que gran parte de los delitos no se reportan a las autoridades por temor a que la identidad de denunciantes y víctimas sea detectada con el ánimo de ejercer represalias.
En diciembre de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la creación de una base de datos con denuncias recibidas por extorsión telefónica en el 089, que está a cargo del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sólo en el periodo enero 2019-febrero 2020, este número recibió 110 mil denuncias de algún tipo de extorsión; además, únicamente en el mes de octubre de 2020, se registraron 10 mil denuncias, datos que desde la perspectiva de la industria de telecomunicaciones muestran cómo el aprovechamiento del 089 abre una valiosa oportunidad.
Incluso, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), señaló la necesidad de realizar un trabajo conjunto, el aprovechamiento de recursos técnicos y económicos, así como una visión integral que permitiera “acciones quirúrgicas” sobre los números que se reportan.
“Tiene que haber mucha mayor apertura por parte de las autoridades de seguridad para construir un esquema y una alternativa que realmente sirva para mitigar el problema de inseguridad y eventualmente acabarlo. En el análisis de la iniciativa del Panaut, esto no sólo no existió, sino que vimos un rechazo tajante a lo que decían las empresas y los especialistas”.
El Panaut, que fue declarado inconstitucional el pasado 25 de abril, se conformaría con la información biométrica de los usuarios de telefonía móvil, número de la línea telefónica, fecha y hora de activación de la tarjeta SIM y número de identificación oficial, entre otros datos.
Además, hacía obligatorio para usuarios y empresas de telefonía móvil, registrarse so pena de perder su línea telefónica o hacerse acreedores a variadas sanciones, respectivamente.
Ante la evidente vulneración de los derechos a la privacidad y de protección de datos personales, organizaciones civiles como Observatel y diversas voces especializadas señalaron la inviabilidad del padrón de celulares, pero fueron acusadas desde el gobierno federal de estar del lado de una industria que sólo “defendía un modelo de ventas”.
“Se debe abandonar esa visión antagónica. Hace falta apertura por parte de las autoridades en materia de seguridad… Las herramientas ahí están, si el subsecretario quiere identificar a por lo menos el 60 por ciento de las llamadas de extorsión, a donde primero tiene que voltear es a donde se generan y eso es en los centros de readaptación. Hay algo que está fallando y que no tienen nada que ver con una base de datos”.
Los delitos que utilizan dispositivos como los teléfonos celulares no son nuevos y hace más de una década el problema propició la creación del llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT); sin embargo, la vulnerabilidad y nula eficacia de este mecanismo quedaron demostradas.
Creado en 2009 y eliminado dos años después, el RENAUT, dejó un importante antecedente pues no sólo no se alcanzó el objetivo de combatir los delitos, sino que el número de llamadas de extorsión se incrementó 40 por ciento y creció el robo de celulares; peor aún, las bases de datos con información sensible de millones de personas terminaron a la venta en el mercado negro.
Al echar una mirada al retrovisor, Michel Hernández pregunta ¿qué hubiera pasado si todos los recursos y energía que se destinaron, por un lado, a defender la creación un padrón de celulares, y por otro, a señalar sus deficiencias, se hubiera destinado a resolver con argumentos y decisión el grave problema de la seguridad?
“Si todo el tiempo y esfuerzo que se dedicó a una medida claramente inconstitucional, se hubiera dedicado a buscar alternativas de solución que respeten los derechos humanos y que sí atiendan el problema, ya estaríamos en otro momento pero no se quiso hacer así, y aquí estamos. El problema no solo persiste sino que se está agravando, fue una oportunidad perdida, se destinó tiempo y esfuerzos de una manera absurda”.
Y es en este escenario en el que la pregunta sigue en el aire. Murió el Panaut, ¿y ahora qué sigue?
C$T-GM