Ante las disposiciones del municipio de Guadalajara que “atentan” contra el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y la conectividad, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (CANIETI), promovió un juicio de amparo.
“El soterramiento de redes o sistemas para la prestación de servicios públicos en territorio nacional es un proceso complejo que implica un costo elevado y que requiere del análisis particular de cada proyecto, así como del compromiso entre autoridades de los tres niveles de gobierno y prestadores de servicios, públicos y privados, para el trabajo coordinado”, indicó en un comunicado.
En el caso de la industria de telecomunicaciones, explicó la cámara, no puede concebirse justificación ni utilidad para comprometer los recursos que se requerirían, si al final ese costo podría ser absorbido por los usuarios y perjudique el acceso a las tecnologías y a una agenda de inclusión digital, fundamental para el avance del país.
La cámara subrayó que con el interés legítimo que le corresponde en materia de telecomunicaciones, ha promovido y continuará promoviendo los recursos legales necesarios en contra de aquellos ordenamientos que pretendan regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y atenten en contra de la conectividad de la población.
“La industria de las telecomunicaciones ha manifestado reiteradamente su compromiso para participar de manera coordinada, desde el ámbito que le corresponde y siempre dentro del marco de la legislación aplicable, en el proceso de reordenamiento del cableado de telecomunicaciones, como ya se ha realizado con otros municipios del país y que representa una solución que no perjudica a los usuarios y garantiza el derecho a la conectividad de la ciudadanía”.
La cámara enfatizó que lo relacionado al despliegue de infraestructura es un tema que requiere de la participación de todos los actores involucrados, dentro del marco de su competencia en los distintos niveles de gobierno, así como de la industria, para establecer acuerdos que no perjudiquen la conectividad, ni el acceso de la ciudadanía a la banda ancha y al internet, que es un derecho fundamental plasmado en la Constitución.
C$T-GM
