Por primera vez, el Estado mexicano podría no sólo regular, sino sancionar en distintos grados a las plataformas digitales, incluso si estas tienen su sede en el extranjero, además de que la autoridad podría “construir y administrar un fondo solidario” con las aportaciones de esas mismas plataformas, para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y cumplir con objetivos de cobertura social.
De acuerdo con un primer borrador de la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sustituirá a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la que ConsumoTIC tuvo acceso, las plataformas digitales quedarían claramente definidas en el artículo 3 de este ordenamiento.
“Para los efectos de esta Ley se entenderá por Plataforma digital: Servicio digital que permite, entre otros, ofrecer, proveer, comercializar o intermediar bienes, servicios, aplicaciones, productos o contenidos (Fracción LIV) y Proveedor de Plataformas digitales: Persona física o moral, nacional o extranjera, que por sí o por medio de terceros operan Plataformas Digitales” (Fracción LV).
La propuesta en este primer borrador, consiste en incluir un Capítulo VIII en la Ley, justamente denominado Plataformas Digitales, cuyas obligaciones y eventuales sanciones, correrán a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ATDT, la cual será responsable de generar los lineamientos y disposiciones aplicables.
El artículo 107 propuesto en el borrador de la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contempla que las plataformas digitales deberán cumplir con la regulación que en su momento expida la Agencia, así como “con las disposiciones que les sean aplicables conforme al orden jurídico nacional”.
Esta obligación sería aplicable incluso en el caso de los proveedores de plataformas digitales que se definan como personas físicas o morales ya sean nacionales o extranjeras, según se establece en el referido artículo tercero de este ordenamiento.
Más aún, el propio artículo 107 indica que puede haber sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones que se le establezcan a las plataformas y/o a los proveedores de dichas plataformas.
Entre otras medidas y sanciones, se contempla incluso el bloqueo del acceso a la Plataforma Digital, aunque eso estaría sujeto a la petición expresa de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) por conducto de los concesionarios, además de que la autorización correría a cargo de esa misma dependencia, “conforme al procedimiento establecido en los lineamientos que para tal efecto emita la Agencia”.
Cabe señalar que durante el sexenio pasado, el entonces senador Ricardo Monreal Ávila, hoy presidente de la Cámara de Diputados y coordinador de la fracción de Morena en la Cámara Baja, presentó una iniciativa de regulación en materia de redes sociales, que finalmente no prosperó.
Incluso, el 19 de febrero de 2021, se realizó el “Foro de discusión sobre la iniciativa de Ley de Regulación de las redes sociales”, convocado conjuntamente por el Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el objetivo de revisar las medidas de regulación de las redes sociales en el mundo y los riesgos y perspectivas a futuro de las redes sociales.
De acuerdo con el Senado, la idea era “proteger los derechos y libertades civiles de las y los usuarios de plataformas digitales”. El senador Monreal encabezó el foro que reunió ideas y experiencias de expertos y sociedad con relación a la posible regulación de las redes sociales en México, pero finalmente esa iniciativa no prosperó.
En el borrador de la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se contempla también la posibilidad de que la ATDT construya y administre un fondo solidario a partir de las aportaciones de las plataformas digitales, cuya intención es “promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y cumplir con los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano”.
Para darle cuerpo a esta propuesta, la propia Agencia sería la encargada de establecer los Lineamientos a partir de los cuales operaría el fondo, incluyendo sus mecanismos, montos y operación específica.
De momento, se trata simplemente de un borrador, que debería llegar al Congreso, pasar el proceso legislativo correspondiente y, en caso de aprobarse en sus términos, ser publicado como Ley en el Diario Oficial de la Federación.
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