México opera como un “mosaico de realidades digitales, más que como un ecosistema homogéneo”, con un promedio nacional de la política digital estatal de 3.16 puntos sobre 10 y donde se identifican avances en la consolidación de autoridades digitales y la actualización de marcos jurídicos, pero también persisten brechas estructurales
Estas brechas, “limitan la posibilidad de que los estados transformen la conectividad en un valor público tangible”, en tanto la política digital estatal enfrenta tres desafíos: conectividad significativa, utilidad social de la tecnología y gobernanza institucional, reveló la Evaluación de Política Digital Estatal 2025 (EPDE25), del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP).
El documento es resultado de un análisis integral de las capacidades digitales de los 32 gobiernos estatales y su preparación para enfrentar los retos del ecosistema digital en la próxima década, con base en el Decálogo de Política Digital presentado por el Centro en noviembre y que para este año integra como elemento número 11, la preparación para albergar centros de datos.
Este nuevo elemento fue integrado gracias al patrocinio de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) y se colocó en respuesta a la creciente importancia del procesamiento y resguardo de datos como infraestructura estratégica para la economía digital, señaló la evaluación del CEIAP, que dirige Mony de Swaan.
Como resultado de esta medición específica, se observará que los estados tienen baja preparación institucional y de políticas públicas para atraer centros de datos a su territorio con solo 16 por ciento de cumplimiento de los subelementos evaluados.
Entre los elementos con mayor cumplimiento destacan la presencia de autoridades de políticas digitales con 56 por ciento de cumplimiento, seguida de políticas de economía digital con 48 por ciento de cumplimiento. En contraste, los elementos menos logrados son: política de infraestructura digital con solo 12 por ciento de cumplimiento e Inclusión digital con apenas 16 por ciento.
Algunos hallazgos notables son que los estados han construido instituciones digitales estables con mayor continuidad en sus políticas públicas, aun frente a cambios de gobierno; las brechas entre entidades son crecientes, particularmente en diagnósticos, capacidades de gestión y articulación interinstitucional y aunque la digitalización de trámites avanza con rapidez, “la apertura de datos y la transparencia han retrocedido en varias entidades”.
Por otro lado, la inclusión digital sigue fragmentada: se realiza sin diagnósticos, falta alfabetización digital y hay programas de conectividad desarticulados; la salud y la educación digital representan los mayores rezagos, con impactos directos sobre la equidad territorial, en tanto solo un grupo reducido de entidades cuenta con condiciones normativas e infraestructura para atraer centros de datos.
El mayor avance relativo en este año, se observó en Sonora, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México, donde se encontraron marcos regulatorios más sólidos, autoridades especializadas activas y avances consistentes en infraestructura y servicios digitales.
Sin embargo, la brecha digital en México ya no se explica solo por acceso desigual, sino por diferencias en capacidades institucionales, calidad de servicios y posibilidad de aprovechar la conectividad en ámbitos sustantivos como educación, salud y productividad.
El índice se obtiene al evaluar entre cero y 10 el cumplimiento de los estados en 10 dimensiones: diagnóstico integral del ecosistema digital; marco jurídico promotor del ecosistema digital; autoridad de políticas digitales; política de infraestructura digital; inclusión digital; gobierno digital; economía digital; ciberseguridad; educación digital y salud digital.
Como resultado, los estados con los menores niveles fueron Durango, que obtuvo 1.3 puntos de 10; Baja California Sur, con 1.4 puntos y Coahuila con 1.5, en tanto estados con mayores retos en materia de desarrollo digital, como Guerrero y Oaxaca, registraron 1.8 y 1.9 puntos respectivamente, mientras que Chiapas, que en otras mediciones suele ocupar los últimos lugares, alcanzó 2.7 puntos sobre 10.
Los resultados muestran a un país muy desigual tanto en los promedios generales, como en la medición específica de algunos de los reactivos que se miden, aunque en algunos de ellos hay avances importantes en la mayoría de las entidades.
Además del patrocinio de MEXDC, el estudio también tuvo el apoyo de AT&T México, Huawei, la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) y la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México (ATIM).
C$T-GM
