Iniciada la cuenta regresiva para que este sexenio concluya en 174 días, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se observa otra penosa numeralia. Hoy se cumplen mil 500 días con un Pleno incompleto debido a la omisión del Ejecutivo en nombrar a las tres comisionadas necesarias no sólo para tener un órgano de decisión integrado por las siete personas que mandata la Constitución, sino también para garantizar otro mandato legal: la paridad de género.
En esta historia de omisiones, existen dos piezas más con el tiempo en contra. En 101 días concluirá el primer periodo ordinario del 2024 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y por otro lado, el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura del Congreso del Unión, cuenta con sólo 21 días de vigencia. Estas fechas en el calendario marcan el inexorable resultado de dejar al órgano regulador de una de las industrias más importantes del país, sin una autoridad debidamente conformada y tal como fue establecido en la reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013.
En este contexto, todo indica que el reloj sexenal se agotará, sin que el Presidente de la República haya enviado al Senado (para su eventual ratificación) los nombres de las candidatas a ocupar los cargos de Comisionadas, conforme el procedimiento establecido en el Artículo 28 Constitucional y en atención a la paridad de género “en la integración de los órganos autónomos” al que obliga la reforma al Artículo 41 Constitucional, publicada como decreto del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario oficial de la Federación el 6 de junio de 2019.
El actual gobierno concluirá su gestión el 1 de octubre de 2024, y el presidente López Obrador parece no tener el más mínimo interés de presentar, como por ley corresponde, el nombre de las mujeres especialistas que deberían cubrir las vacantes que quedaron abiertas desde el 1 de marzo de 2020, luego de la salida del Comisionado, Gabriel Contreras Saldivar; la del Comisionado, Mario Fromow Rangel, que está libre desde el 1 de marzo de 2021, y la que se generó al término de la gestión del comisionado Adolfo Cuevas, el 1 de marzo de 2022, puestos todos con una vigencia de 9 años.
El 22 de agosto de 2022, el instituto informó a través de un comunicado “que el 16 de diciembre de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal sometió a ratificación del Senado de la República, la designación de dos comisionadas, por un periodo de nueve años, contados a partir del 1 de marzo de 2020 y del 1 de marzo de 2021”. Sin embargo, estas propuestas no contaron con la ratificación del Senado, y peor aún, hasta el momento el Ejecutivo no ha presentado otros nombres para cubrir esas dos vacantes, así como una más que se acumuló en marzo de 2022.
Fue el 18 de febrero de 2021, cuando las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, votaron por la “no ratificación de las CC. Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González Sánchez, para ocupar el puesto de comisionadas en el IFT”, y que el Ejecutivo había propuesto el 16 de diciembre del 2020.
El dictamen señaló que los legisladores “coincidieron en que si bien las Candidatas contaban con la preparación académica para el cargo, no era suficiente ya que no tomaron una postura clara sobre temas polémicos, no respondieron diversos cuestionamientos que se les realizaron, y porque con la gran responsabilidad que tiene el IFT, se necesitan mejores perfiles con conocimientos técnicos, pero también con manejo practico de los temas”.
A partir de ese momento y a pesar de contar con seis candidatas más seleccionadas por el Comité de Evaluación en tres distintos procesos de selección (Clara Luz Álvarez González; Alejandra Martínez Gándara, Jrisy Esther Motis Espejel, Lorely Ochoa Moncisvais, Carolina Cabello Ávila y Gabriela Gutiérrez Salas), el Jefe del Ejecutivo, simplemente ha hecho mutis.
Eso provocó que el 17 de agosto del 2020, el pleno del IFT acordara interponer una “controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la omisión del Ejecutivo Federal de proponer al Senado de la República a las candidatas a Comisionadas de este órgano regulador, a partir de las listas enviadas por el Comité de Evaluación”.
En septiembre de 2023, en el contexto de la ceremonia de cancelación del timbre postal “IFT, conectividad
para un futuro digital inclusivo”, con motivo del décimo aniversario del Instituto, en el Palacio Postal, el comisionado presidente Javier Juárez Mojica, señaló la importancia de contar con un Pleno que incluyera las tres comisionadas faltantes, pues algunas decisiones, de acuerdo con el Estatuto Orgánico, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Competencia Económica, sólo pueden tomarse con cinco votos, lo cual es imposible en las actuales circunstancias, donde sólo hay cuatro comisionados.
En su oportunidad, el comisionado Arturo Robles Rovalo indicó que el Legislativo estaría en posibilidad de ratificar algunas de las propuestas, pues se contaba con nombres de destacadas profesionistas que cuentan con el aval del Comité de Evaluación. El asunto se revuelve con sólo elegir un nombre de cada una de esas listas y someterlo a votación.
Para ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya tenía el listado entre sus asuntos para resolver en aquel segundo periodo de 2023 la controversia presentada por el IFT, además de contar con criterios precedentes que podrían facilitar la decisión, pero aquel periodo concluyó sin resultados, y al actual primer periodo de 2024 le quedan solo 101 días –concluye el 19 de julio—, sin que haya visos de que pueda generar la resolución al recurso interpuesto.
En tanto en el Senado también se agota el último periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXV legislatura, a la cual le restan solo 21 días. Esta instancia legislativa no ha recibido una nueva propuesta de los nuevos nombramientos, en lo que justifican, el no poder tomar decisiones al respecto, aunque tampoco ha urgido al Presidente de cumplir con lo establecido en la Constitución, de presentar una nueva propuesta para su eventual ratificación.
De hecho, el 5 de febrero de este año, al iniciar el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso (último de la LXV Legislatura), el Presidente de la República envió una iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos, incluyendo el IFT, con el argumento de que no cumplen con sus cometidos constitucionales y porque en su opinión resultan una carga económica injustificable para el erario.
Los días, semanas y meses, continúan acumulándose para un Pleno que si bien tiene capacidad técnica y operativa para sacar adelante los grandes temas que le ocupan, está obligado a tomar decisiones sin tres integrantes. Por si eso fuera poco, vale recordar que el encargo del actual Comisionado Presidente por Suplencia, de Javier Juárez Mojica concluirá en octubre de 2025, por lo que de mantenerse la omisión de la Presidencia el próximo sexenio de nombrar a las comisionadas faltantes y en tanto la SCJN no emita una resolución sobre la contraversia interpuesta, este órgano quedará desde esa fecha, con sólo tres integrantes, lo que supondría la existencia de una autoridad reguladora totalmente anulada.
C$T-EVP
