Más allá de la polémica en torno a las libertades y derechos humanos causada por algunos artículos de la propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es necesario ver el conjunto de leyes que se encuentran a discusión en el Congreso y que abren la puerta a abusos por parte del Estado, advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En conferencia de prensa, Francia Pietrasanta y Ana Gaitán, abogadas de R3D, advirtieron que además de la Ley de Telecomunicaciones, están a discusión las de Seguridad y de Inteligencia, que establecen la creación de un sistema centralizado de información interconectado “que puede ser muy peligroso para las libertades y los derechos de la ciudadanía”.
También hay que revisar la Ley de ciberseguridad y hasta la de competencia económica, para evitar que preceptos que pudieran llevar a abusos de la autoridad, al conjuntar en una sola base de datos centralizada toda la información de los ciudadanos, incluyendo datos biométricos.
Si bien el artículo 109 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue la que levantó las alertas por la incertidumbre jurídica en torno a la suspensión de las plataformas digitales, este concepto “no es el único peligroso”, advirtió Francia Pietrasanta.
En una presentación transmitida en vivo con el título “¿Qué se debe corregir de la Ley de Telecomunicaciones?”, las abogadas coincidieron en que además de este precepto –que la propia presidenta Claudia Sheinbaum accedió a eliminar—hay artículos que propician la censura previa, el espionaje de las autoridades hacia los ciudadanos, que hasta podrían facilitar casos de represión.
Es por eso que se deben revisar varios preceptos de esta Ley, cuyo procedimiento de “parlamento abierto” llega tarde, pero que forman parte de un mismo sistema, en donde se pretende tener toda la información centralizada de los teléfonos de las personas, tal como se pretendió en su momento con el PANAUT, y que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional.
“Entiendo que la gente diga: ‘¿y eso qué?’, porque estamos normalizando que nos pidan datos personales, pero lo que tiene de grave en sociedades no democráticas, es que este registro ha sido declarado inconstitucional y lo siguen intentando, argumentando que va a ayudar a reducir la actividad criminal”, señaló Ana Gaitán.
Sin embargo, no es así. Un sistema centralizado al que tenga acceso prácticamente cualquier autoridad y sin explicar cómo ni por qué, lejos de reducir la criminalidad, puede incrementarla, por la facilitad que implica la vulneración de las bases de datos, como ya se demostró en el pasado cuando salieron a la venta “para el mejor postor y a precios risibles”, bases de datos de ciudadanos.
Por un lado, esto puede propiciar el aumento de la extorsión y un ambiente persecutorio de las autoridades que deseen presionar a los ciudadanos, pues hemos visto que “las fiscalías usan carpetas de investigación para decir que tienen fuentes anónimas que acaban de avisar de X persona que supuestamente colabora en secuestro, cuando sólo quieren entrar en sus registros para que esta persona se sienta espiada”.
Recordó que desde la ley de 2014, R3D había advertido sobre algunos artículos anticonstitucionales, sin embargo, “el contexto de hoy es mucho peor, porque ya no está el IFT, ya no es un organismo consultivo, ni de participación ciudadano, sino una Agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) con demasiadas facultades”.
Insistió en lo mismo que señaló recientemente en el Sanado en los conversatorios sobre la Ley: no se puede dejar que la ATDT sea la que genere los lineamientos para estos temas de seguridad, sino que todos los detalles deben quedar claros desde ahora en la Ley.
Recordó que la organización ha denunciado numerosos actos de espionaje por parte del Estado no sólo contra periodistas y defensores de derechos humanos, sino a otras personas, sin que haya controles democráticos y judiciales que lo justifiquen.
Eso hace falta en la ley, y en especial resulta peligroso todo el tema de la colaboración con la justicia, que se menciona en otras leyes y que “no podemos permitir que avancen” sin los debidos
controles democráticos.
C$T-EVP
