Personas que a lo largo de la historia del IFT han participado como integrantes de los Consejos Consultivos de este órgano regulador expresaron su preocupación por la iniciativa que propone extinguir a este ente bajo el argumento de simplificar la estructura institucional del sector de telecomunicaciones y radiodifusión y ahorrar recursos.
En un posicionamiento firmado por una decena de especialistas, la primer pregunta planteada es: ¿En qué competencia deportiva se aceptaría que el árbitro de un partido sea empleado del dueño de alguno de los equipos contendientes?
“A pesar de la enorme honradez de ese árbitro, siempre quedarán dudas de su actuación. Los árbitros en cualquier deporte son independientes y altamente especializados. Su trabajo es garantizar que todas las partes obedecen las reglas, son quienes marcan alguna falta y deciden los casos en que hay controversias”, sostiene el documento.
Enfatiza que los objetivos y programas anunciados por la nueva administración, como la ampliación del acceso a Internet y el desarrollo de una república próspera y conectada, requerirán una inversión significativa de recursos.
Los fondos públicos son limitados e insuficientes, por lo que será crucial mantener y atraer inversiones privadas en el sector de las telecomunicaciones para la infraestructura y para los servicios.
“Es fundamental enfatizar el carácter transversal de las telecomunicaciones y las radiocomunicaciones, que impactan en diversos aspectos del desarrollo económico y social del país, así como en el ejercicio de varios derechos humanos como el derecho a la información, a la salud y a la educación. Es sólo la independencia del árbitro – que en este caso es el IFT – lo que puede generar confianza entre los distintos participantes del sector”.
Los especialistas que han formado parte de los Consejos Consultivos del IFT subrayan también que en el modelo propuesto en la iniciativa de reformas, el árbitro del partido es parte de uno de los equipos jugadores. “¿Quién va a creer que sus decisiones fueron neutras, técnicas y apegadas a las reglas del juego, sin buscar beneficiar a su propio equipo?”.
Aseguran que para mantener la confianza de los usuarios, regulados y de la inversión privada conviene construir sobre lo que ha funcionado con visión al futuro, garantizar la independencia del árbitro para que esté protegido de presiones políticas, se preserve su carácter altamente especializado y tenga condiciones garantizadas para tomar decisiones basadas en evidencia y análisis técnicos.
“Una renovación repentina, desechando la formación de un grupo de personas que se han entrenado, estudiado y disciplinado por más de 10 años, nos obligará como país a recomenzar desde el inicio. Es una situación similiar a que un equipo cambie a todos sus jugadores a unos cuantos días de la Copa Mundial; porque el desempeño de este nuevo equipo puede ser anticipado por cualquiera”.
En su posicionamiento, los especialistas aseguran que en el caso del IFT esto es aún más complicado y grave, porque no sólo es entender y evaluar un fuera de lugar, un strike, una obstrucción, un tres segundos en la zona, o alguna de las tantas faltas en competencias deportivas conocidas.
“Aquí hablamos de interferencia perjudicial, homologación, interoperabilidad, espectro radioeléctrico, protocolos, y un sinfín de temas altamente técnicos y especializados que requieren de conocimiento, entrenamiento y actualización constante, ya que los avances tecnológicos se dan aceleradamente”.
Enfatiza que el modelo actual, con todos los defectos que puedan ser encontrados, ha funcionado en beneficio de México y señala como el ejemplo más notorio el hecho de que los precios de telefonía móvil se han reducido a casi la mitad desde que fue creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Si además se considera que ha habido una inflación de más de 69 por ciento en ese período, hoy las personas en México pagan la tercera parte de lo que se pagaba hace 11 años, lo que equivale a decir que “el IFT entregó gasolina a 7 pesos en vez de 20”.
También se puede mencionar el crecimiento en la cobertura y el número de usuarios. Si hace 11 años sólo dos de cada 10 hogares tenía una conexión de banda ancha, hoy son siete de cada 10. Y finalmente, si antes siete de cada 10 hogares compraba su acceso de banda ancha de una única empresa, hoy no son ni cuatro de cada 10.
“Es decir, ahora son muchos más mexicanos pagando menos por mejores servicios ofrecidos por muchas más empresas, muchas de las cuales son de personas de pueblos y comunidades que vieron una oportunidad para prestar servicios a sus vecinos, que no los tenían, y al mismo tiempo crear un pequeño negocio y tener un modo de vida honesto y productivo”.
El documento fue firmado por Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, Isabel Clavijo Mostajo, Ernesto M. Flores-Roux, Erick Huerta Velázquez, Gerardo Francisco González Abarca, Irene Levy Mustri, Elisa V. Mariscal Medina, Luis Miguel Martínez Cervantes, Carlos Alejandro Merchán Escalante, Rodrigo Morales Elcoro, Jorge Fernando Negrete Pacheco, Lucía Ojeda Cárdenas, Euridice Palma Salas, Víctor Rangel Licea y Cynthia Gabriela Solís Arredondo.
Los especialistas se manifestaron porque en la discusión que realiza el Poder Legislativo de esta iniciativa y la de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en la implementación de estas reformas, se tome en cuenta que los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia económica, como el IFT en México, son esenciales para el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Cualquier cambio al diseño institucional que rija al sector de telecomunicaciones y radiodifusión debe garantizar que México cuente con un organismo que tenga independencia de todas las partes, especialización de su personal y enfoque en el interés público para que funja como un árbitro que garantice un juego con reglas claras e imparciales, estabilidad regulatoria y, con ello, un mercado competitivo e innovador que beneficie a la población de nuestro país y garantice nuestros derechos humanos”.
C$T-GM
