Poner de acuerdo a los operadores de telecomunicaciones que compiten en el mercado mexicano, es una difícil proeza que sólo pudo lograr la polémica licitación IFT-12, pues a lo largo de dos años, una decena de empresas afiliadas a cámaras como la Anatel, GSMA, Canieti e incluso Altán Redes y Promtel, así como AT&T México se pronunciaron en contra de este proceso, que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum califica de “albazo”.
Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en vías de extinción, decidió dar luz verde al proceso para licitar más de 2 mil bloques de espectro radioeléctrico en diversas bandas, hay que decir que tanto el órgano regulador como la industria, el gobierno mexicano y la academia, observaron el cierre de filas en contra del proceso gracias a las consultas públicas realizadas.
Quien asegure que este es un proceso “exprés” del que nadie sabía, se equivoca y deja en claro que no realizó una tarea básica: leer las decenas de documentos públicos disponibles en el sitio de internet del IFT como los planes anuales de trabajo del órgano regulador, las consultas públicas y las decenas de comentarios.
Por ejemplo, en una consulta pública realizada en mayo pasado, Altán Redes (cuya gestión será asumida por el gobierno mexicano a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos), señaló la ausencia de condiciones para realizar una licitación de espectro óptimo para servicios de nueva generación.
De hecho, advirtió que de realizarse, la licitación sería un proceso fallido ante la evidente falta de interés de una industria presionada por los altísimos costos del espectro radioeléctrico, e incluso, señaló que se podría reforzar la concentración de un sólo operador en el mercado mexicano, es decir, del preponderante.
Los dichos del socio estrella del gobierno mexicano se basan en la evidencia: en las últimas tres licitaciones de espectro radioeléctrico (IFT-3 en 2015, IFT-7 en 2018 e IFT-10 en 2021) sólo participaron dos de los cuatro operadores móviles que estaban activos en el sector, lo que no sólo muestra el poco interés de la industria, sino también reduce la posibilidad de un nuevo entrante.
Incluso, en 2022 el IFT declaró desierta la licitación IFT-10 que buscaba colocar en el mercado diversas bandas de frecuencias para la prestación de servicios móviles, pues sólo se logró asignar tres de 41 bloques ofrecidos.
Pero regresemos la cinta unos meses atrás, pues este engrudo se empezó a hacer bolas desde hace dos años. Y es que en enero de 2023, el IFT inició una primera consulta pública de integración para recabar información y propuestas para el diseño y elaboración del proyecto de bases de la licitación IFT-12.
En los documentos públicos en el sitio del instituto llama la atención la contundencia con la que el segundo operador más importante del mercado, AT&T México, descartó su participación en una nueva licitación para servicios móviles en tanto no cambien las circunstancias relacionadas con los altos costos del espectro radioeléctrico.
“Las circunstancias no han cambiado y en esas condiciones no existe un caso de negocio que justifique sufragar costos adicionales y mayores a los de otros mercados, por lo que AT&T no estaría en condiciones de concurrir a una licitación en tanto no cambien las circunstancias y garantizará con el espectro que ahora tiene la prestación de sus servicios y el despliegue de su red 5G”, sostuvo.
Lo cierto es que al hacer oídos sordos, el IFT se metió en un embrollo innecesario pues en breve tendrá a la Consejería Jurídica tocando la puerta de los comisionados que conforman el Pleno, pues la instrucción desde la presidencia es clara: el proceso se frenará.
De acuerdo con lo señalado por el propio instituto, la convocatoria y las bases de la licitación se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en enero de 2025, sin embargo, la moneda está en el aire.
¿Cómo procederán los comisionados de un IFT, que mientras no se materialice su extinción sigue siendo autónomo? ¿Iniciarán una batalla legal en defensa de sus facultades? ¿Accederán a dar carpetazo al tema?
El 2025 pinta difícil para una industria que queda en medio de la incertidumbre institucional y regulatoria que genera el diseño de un modelo que hasta el momento nadie termina de entender, pero también para los funcionarios que estarán a cargo y que están obligados a tener una visión técnica, pues lo quieran o no, de esto se tratan los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
C$T-GM
