La publicación de la licitación IFT-12 por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pudo haber sido legal, pero no oportuna o quizá no políticamente correcta, pues se presentó sin los consensos necesarios y, por lo tanto, puede generar incertidumbre; “difícilmente alguien va a invertir en un entorno con poca certeza jurídica”, señaló Ana de Saracho, experta en regulación de telecomunicaciones.
En entrevista con ConsumoTIC, reconoció que dadas las condiciones de cómo se presentó la licitación, “no queda muy claro a quién puede o no favorecer; no sé la verdad a quién podría convenirle; creo que a nadie”, porque hay un entorno político y legislativo poco claro, pues no están listas las leyes secundarias que señalan los artículos transitorios de la reforma constitucional y por lo tanto, no hay claridad sobre el futuro de las concesiones, las cuales tienen un plazo de 20 años.
Más allá de cómo se llegue a resolver el diferendo que se generó entre la Presidencia de la República y el IFT por la publicación de este proceso que el Instituto diseñó en cumplimiento de sus obligaciones legales, “es más un tema de hecho que de derecho”. Para algo tan importante, “tenía que ser algo que ya estuviera un poco más consensuado bajo esa nueva lupa, probablemente por lo menos con un acuerdo de por medio”, aseguró.
Además, “el tema de los derechos (el precio) sigue ahí; es y seguirá siendo un tema por más que esto pueda favorecerle a cualquier proveedor”, porque conviene recordar que en la Ley de Derechos que se aprobó para el 2025, los precios quedaron exactamente igual que en 2024, lo que representa un problema por los altos costos de los que se ha venido hablando desde hace muchos años.
De manera complementaria, “sabemos que existe el asunto de Altán Redes”, donde es sabido que ese operador está intentando hacerse de espectro no necesariamente a través de una licitación, sino quizá a través de una asignación, como sucedió en su momento con la banda de 700 y eso genera un ambiente en el que no se sabe qué va a pasar.
La especialista recordó que todavía está pendiente la construcción de un nuevo andamiaje legislativo en el sector de telecomunicaciones, incluyendo la legislación secundaria, la estructura de las nuevas autoridades y la forma en que asumirán las facultades que se le han asignado, sin olvidar que la reforma constitucional está consumada y por lo tanto, el IFT va a desaparecer.
De hecho, tampoco se tiene claridad de si en esa legislación secundaria se plasmarán nuevos cambios que pudieran afectar en el futuro las condiciones de las concesiones que hoy otorga el IFT.
Por lo tanto, tratándose de las grandes inversiones que esto significa, es difícil pensar que los operadores estén listos para invertir en estas condiciones, donde sin duda habrá un cambio en el enfoque y las políticas públicas, porque también está por verse otro aspecto fundamental: la cobertura social.
Si bien la licitación ofrece bloques para pequeños operadores en áreas reducidas, la realidad es que compiten con el operador mayoritario, que evidentemente por su economía de escala puede presentar mejores ofertas. “Pero no nada más eso, ¿cómo compras ese espectro?, ¿cómo pagas luego los derechos? y ¿cómo captas clientes?, porque México es de los países con costos de captación de clientes más altos de toda la región”, recordó.
De momento y más allá de cómo se resuelva el diferendo, tal vez lo mejor sería esperar a que se aprueben las leyes secundarias para saber qué va a pasar y, sobre todo, cuál es el objetivo del gobierno federal con la nueva estructura y la nueva política en la materia.
C$T-GM
