La licitación IFT-12 podría convertirse en una “encrucijada para México”, debido a que su resultado estaría orientando el mercado de los servicios 5G hacia una gama muy abierta de escenarios, desde la competencia económica imperfecta, que llegaría a afectar a los usuarios, al propio gobierno, y hasta la existencia de monopolios.
Desde la perspectiva de Juan Manuel Aguilar, vicepresidente del Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes (CDETECH) y académico de la UNAM, “la licitación es una encrucijada para México, porque se están jugando la distribución y el suministro de las redes 5G”, un mercado poco competitivo donde apenas hay 6 millones de mexicanos con acceso a este tipo de redes.
Esto significa que apenas entre 6.0 y el 8.0 por ciento de los usuarios de telefonía celular e internet en el país, tienen acceso a redes 5G y con los precios “muy poco competitivos” que tiene el espectro en México, respecto a otros países como Europa y Estados Unidos, es importante que a partir de la licitación, se revise cómo se van dando las distribuciones en el mercado.
Al comentar sobre las bases de la licitación de espectro radioeléctrico óptimo para servicios 5G que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso en consulta pública, sostuvo que es fundamental que se estudie cómo este nuevo sector de las tecnologías puede irse orientando hacia un monopolio, un duopolio o un mercado más equilibrado entre los proveedores y que beneficie a la mayor cantidad de población.
Al lanzarse las distintas bandas del espectro a licitación, es obvio que las empresas telefónicas que tengan el mayor número de posibilidades de suministrar y administrar redes 5G en todo el país, se van a volver de lo más competitivas a nivel nacional y precisamente esto es lo que preocupa a las telefónicas que están involucradas en el mercado.
Más allá de los términos específicos de esta licitación, que ahora incluye 320 Áreas Parciales de Servicio (APS), la propuesta “pone sobre la mesa las consideraciones regulatorias que van a ir surgiendo en torno a la distribución de los servicios 5G”. Es decir, se anticipa un importante debate sobre cómo hacer llegar este servicio de red de forma más barata y accesible a una mayor población.
“Si estamos hablando que sólo de 6 millones de personas con posibilidades de usar 5G, incluso los usuarios de teléfonos inteligentes e internet pueden acceder muy poco a esa tecnología, ahí se va a empezar a debatir ese derecho, porque las redes 5G no sólo van a servir a usuarios privados, sino que pueden servir mucho en los ámbitos educativo, económico, laboral y de servicios financieros, por citar sólo algunos”.
Juan Manuel Aguilar también advirtió que hay un tema relevante para la sociedad en torno a la distribución del espectro radioeléctrico para el servicio 5G y que se centra en las llamadas ciudades inteligentes.
Con las innovaciones que están ocurriendo tanto en Europa como Estados Unidos e incluso en África, se ha demostrado que la distribución de las redes de 5G es un tema relevante, porque se trata de la tecnología sobre la que deben de correr los servicios como la gestión del agua, el drenaje, la seguridad ciudadana, la vialidad, el transporte público y hasta los servicios de emergencia.
Por lo tanto, las reglas de distribución deben estar bien definidas “para evitar prácticas monopólicas y luchas cruentas entre las empresas telefónicas que afecten tanto al gobierno como a los usuarios y eso es lo que va a estar en juego”.
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